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@arpassv
En los últimos dos años la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) ha presentado una veintena de denuncias sobre casos de corrupción que involucran a connotados personeros de la derecha oligárquica: dirigentes, exfuncionarios y empresarios.
La presentación de dichas demandas es parte de la acción cívica para promover la transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, la Fiscalía no actúa. Por eso hoy representantes de ASGOJU solicitaron al fiscal general Douglas Meléndez un informe sobre los siguientes casos:
-Aviso por posibles actos arbitrarios, negociaciones ilícitas y otros delitos contra Fernando Argüello Téllez y otros extitulares de la SIGET; presentada el 4 de octubre del 2016.
-Denuncia de posible lavado de dinero y encubrimiento contra Elmer Charlaix, Adelmo Rivas, Elena Villatoro, Antonio Saca, René Figueroa, Miriam Mixco, Ana Vilma de Escobar, Rafael Morán, Rodrigo Ávila, Cesar Funes, Mario Acosta, Eduardo Verdugo, Antonio Salaverría, Eduardo Zablah, Roberto Murray Meza, Gerardo Balzaretti, Guillermo Ávila y Juan Wright; presentada el 24 de octubre de 2016.
– Aviso por posible peculado contra Joel Ramírez y otros miembros del consejo municipal de Tacuba; presentada el 21 de noviembre de 2016.
– Denuncia de posible lavado de dinero y petición de extinción de dominio contra el partido ARENA por 10 millones de dólares desviados a través del Centro “Antonio Rodríguez Porth”; presentada el 19 de abril de 2017.
-Aviso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Luis Mario Rodríguez, Federico Hernández, Gerardo Suvillaga, Albino Román, Darlyn Meza, Michelle Gallardo, Carmen Sosa, Luis Cardenal, Margarita Escobar y Rodrigo Ávila; presentada el 23 de mayo de 2017.
-Denuncia de posible evasión tributaria, lavado de dinero y otros delitos contra Conrado López Andreu, Eduardo Cálix, Jorge Nieto, Carlos Rosales, David Escobar Galindo, Rubén Rochi, Francisco de Sola, Roberto Rubio y Yolanda de Gavidia; presentada el 19 de junio de 2017.
La solicitud se basa en el Artículo 17 del Código Procesal Penal, según el cual “si transcurridos cuatro meses de interpuesta la denuncia o querella el fiscal no presenta el requerimiento respectivo o no se pronuncia sobre las investigaciones, cuando esta proceda la víctima podrá requerirle que se pronuncie, respuesta que deberá darse en el plazo de cinco días”.
Por tanto, Douglas Meléndez debe informar a las organizaciones. ¡Rinda cuentas, señor fiscal!
