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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Organizaciones ambientalistas, acompañadas de periodistas, realizaron una visita de campo al río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión.
«Nos hemos concentrado este viernes en el río San Sebastián, junto a compañeras de las comunidades de Occidente para conocer la realidad de este río. Un río muerto, un ecocidio provocado por las empresas mineras», dijo Nelly Rivera, presidenta de la Asociación de Mujeres Ambientalistas (AMAES).
Rivera criticó a los gobiernos qué a lo largo de la historia no han tratado de solucionar este grave problema de contaminación de metales pesados en el cause.
«Desde que la mina estuvo en manos de Comers Group, no se han hecho nada y esta comunidad está en soledad y sin que haya solucionado el abastecimiento de agua de la población, es decir, sin ninguna respuesta a sus necesidades», sostuvo la presidenta de AMAES.
A cuatro horas de distancia de San Salvador, el río San Sebastián se encuentra en el distrito de Santa Rosa de Lima del municipio de La Unión Norte, según la nueva “Ley Especial para la Restructuración Municipal” que divide administrativamente el territorio salvadoreño.
No obstante, de ser una ciudad activa comercialmente, sus caseríos se encuentran con dificultades para obtener el agua de consumo humano.
«Esta población vive en vulnerabilidad de sus bienes naturales y en específico este cuerpo de agua que años atrás abasteció a estas comunidades. El agua es un derecho humano que está en constante vulneracion», reiteró.
«Esta acción es parte de una campaña en donde todas las organizaciones estamos participando, como la UNES, Mesa Nacional Frente a la Minería, AMAES, ADES y las Mujeres Eco feministas, para formar conciencia de lo que se viene por la explotación minera», manifestó Rivera.
San Sebastián, sus antecedentes de construcción
Un informe presentado en el año 2016 por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señala que la “hidrografía genera escurrimientos que se concentran en el cauce prinicipal del río Santa Rosa y mezcla sus flujos y drenajes ácidos que provienen del río San Sebastián.
El río San Sebastián ha estado expuesto a la incursión minera desde 1904, intensificándose entre 1935 a 1953, según el informe de la PDDH. En 1969 la mina se nombró Minerales San Sebastián, y operó hasta 1978, cerró operaciones debido al conflicto armado de los años ochenta.
La antigua concesión minera contaba con 689 hectáreas, y se ubicó en la cuenca del río San Sebastián, que es una vertiente del río Santa Rosa. La PDDH, en 2016, un año antes de prohibir la minería en el país, daban cuenta que la “explotación minera de San Sebastián impactó severamente la calidad y disponibilidad de las aguas”.
Así como la PDDH (2016), en la actualidad diversas organizaciones ambientalistas, sociales, de derechos humanos, academia e iglesias históricas, principalmente la católica, han reiterado el “peligro de daños irreversibles” de iniciar un proyecto minero en la actualidad en el país, luego que el gobierno del presidente Nayib Bukele ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar una ley para la explotación minera. Esto ocurrió el 23 de diciembre de 2024.
A partir que es el segundo país más deforestado de América Latina, sólo después de Haití, que se mantiene en una permanente crisis hídrica, y se distingue por la escasa cantidad de agua y mala calidad para consumo humano. Así también, que el 90% del país está catalogado como “territorio de riesgo” y es donde habita el 94.5% de la población.
Para Nelly Rivera, el mensaje principal es es que «la historia no debe repetirse», porque al faltar el agua en las comunidades se puede generar una situación insostenible para salud y vida de la población más vulnerable que depende de ríos, pozos o afluentes para obtener agua de consumo humano y oficios.
«Esto que pasó con el río San Sebastián, puede ocurrir con el lago de Güija, Ostúa y el río Lempa. Y eso sería un caos para este país», concluyó Rivera.
