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La Paz / Prensa Latina
La inscripción del expresidente Evo Morales como candidato al Senado en los comicios de mayo próximo, causa en Bolivia reacciones de sobresalto e inquietud y hasta exasperación.
Pese al encarcelamiento de la representante del líder indígena, Patricia Hermosa, encargada de los trámites para su inscripción como postulante a senador por el departamento central de Cochabamba, y a la hostilidad contra otro representante, el líder indígena logró registrar su candidatura.
El impacto se entiende porque Morales ha ganado todas las elecciones generalas realizadas desde 2005 y es el líder de la fuerza política que ocupa el primer lugar en las encuestas, el Movimiento al Socialismo (MAS), pese a que una ofensiva opositora, junto a presiones militares, lo obligaron a renunciar a la presidencia en noviembre de 2019.
Nadie duda que su presencia en Bolivia, recorriendo el país junto al binomio de candidatos a la presidencia, Luis Arce, y la vicepresidencia, David Choquehuanca, dará máa vigor y unidad a la campaña electoral del MAS.
Una de las reacciones más exasperadas ante la posibilidad de que Morales regrese como senador, fue la de Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), una de las dispersas opciones contrarias al MAS que compiten en la campaña electoral.
Mesa fue derrotado por Morales en los comicios de octubre, anulados por la violenta ofensiva opositora que alegaba fraude.
Previamente, la semana pasada, cuando aún no se concretaba la postulación, el ministro del Interior, Arturo Murillo, cubrió de insultos a Morales y advirtió que, si inscribiera su candidatura, el gobierno de facto la impugnará
Según Mesa, la candidatura de Evo Morales ‘le hace un gran daño al proceso democrático’ y clamó tácitamente por cerrarle el paso, al afirmar que el expresidente indígena ‘reclama derechos que no tiene en función de la cuestión legal’.
Aludió así a una norma constitucional que exige a los candidatos haber residido en forma continua en la jurisdicción a la que aspiran a representar, durante dos años previos a su inscripción como postulantes.
En su empeño por lograr que el exmandatario quede al margen, Mesa alegó que ‘otra cosa es que tú digas que estuve exiliado, por tanto, hago una demanda constitucional porque no fue voluntario’, obviando el hecho que Morales tuvo que irse bajo amenaza y en calidad de exiliado.
Sin embargo, el analista Franklin Pareja advirtió que una sentencia del Tribunal Constitucional modificó o flexibilizó en junio de 2018 el requisito de residencia permanente por dos años, al agregarle el concepto de residencia intermitente.
Pareja, contrario al MAS, agregó que una forma de impedir su candidatura será que el propio tribunal, en relación con Morales y otros postulantes en similar situación, revise aquella sentencia y la reconduzca y subsane.
El analista reconoce que no se puede anular la sentencia que habilita a quienes tengan ‘residencia intermitente’, porque los dictámenes del Tribunal Constitucional son inapelables y definitivos y dejarla sin efecto sería catastrófico, porque sería un precedente que dejaría a todas las sentencias expuestas a su eliminación.
La sentencia que habilita como candidatos a quienes tengan residencia intermitente en Bolivia argumenta que a partir del desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, ‘es posible conocer la realidad, política, económica, social y cultural de un departamento o municipio sin necesidad de tener una residencia permanente’.
El fallo de 2018 señala que la exigencia absoluta de residencia permanente obvia los casos de ‘algunos líderes políticos que fueron exiliados en otros países y al restablecerse la democracia, estuvieron habilitados para ejercer sus derechos políticos.
