Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Yaneth Estrada
@caricheop
“ El tiempo está pasando, el Presupuesto y Acuerdo Fiscal no debe de pasar del último día de noviembre. Si se le deja para muy largo, vemos dificultades en la medida que el tema electoral se va acercando”, expresó Roberto Lorenzana, secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia.
Esto en relación a la búsqueda de acuerdos que tiene el Gobierno con ARENA y los diferentes partidos políticos para concretar un acuerdo fiscal integral que incluya al Presupuesto 2018, déficit fiscal 2019 y financiamiento del vencimiento de deuda que ronda los un mil millones de dólares.
“Esta semana que pasó hubo avances en el diálogo con ARENA, esperamos reuniones con el resto de partidos”, dijo el funcionario, quien aclaró que a pesar de los adelantos todavía hay temas que no se toman con la celeridad del caso. El secretario también resaltó los esfuerzos para impulsar un ajuste de gastos en bienes y servicios, el cual, en 2015 estaba arriba del 2%. En el año 2016 se redujo a 1.8% y en 2017 se sitúa en 1.2%. Para 2018, se prevé un gasto en bienes y servicios del 1.3%.
Sobre los niveles de ejecución de la inversión pública del Gobierno, Lorenzana consideró que al finalizar el año la ejecución no será menor a la experimentada en años anteriores. “En tanto, que tenemos vencimientos de préstamos que ya no fueron prorrogados, o sea, ya no hay nuevas contrataciones”, indicó.
También, se refirió a la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llega al país esta semana a petición del Gobierno de El Salvador con el objetivo de analizar el impacto que la reforma de pensiones tiene en el déficit fiscal.
Por su parte, el principal partido de oposición, ARENA, aclaró a través de un comunicado que para aprobar el Presupuesto 2018 se deberán cumplir con los siguiente requisitos: la Resolución de la Sala de lo Constitucional, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Pacto Fiscal.
Además, piden un balance entre ingresos y gastos a manera de garantizar la sostenibilidad fiscal, garantizar recursos para las áreas de seguridad, salud y educación, generar condiciones para el crecimiento económico y mantener un acuerdo con el FMI.
