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Carta Económica
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Los desastres y calamidades que han afectado a los más desprotegidos en nuestro país, nunca han dejado de ser una oportunidad para los corruptos agrupados en el partido ARENA para beneficiar sus bolsillos. Esto podemos evidenciarlo después del desfalco ocurrido en el marco de la reconstrucción de la red hospitalaria del país luego de los dos terremotos del año 2001.
Según el informe presentado, en mayo del 2010, por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, fueron 23 hospitales los que sufrieron daños, pero solamente 7 de éstos fueron seleccionados para incluirse en el Proyecto de Reconstrucción de Hospitales por Emergencias de los Terremotos y Extensión de Servicios de Salud (RHESSA).
Es así que para la ejecución de este proyecto, el Gobierno procedió a la contratación de un préstamo cuyo monto fue de $169.4 millones de dólares (del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- $142.6 millones y el gobierno de El Salvador $26.8 millones) para el proyecto: Reconstrucción de Hospitales por Emergencia de los Terremotos y Extensión de Servicios de Salud (RHESSA) el cual fue aprobado el 3 de junio de 2003; con el agravante que el financiamiento obtenido para atender estos daños sufrieron hechos profundos de corrupción como se demostrará más adelante.
El proyecto en un inicio se dividió en cuatro componentes que incluía la reconstrucción/construcción de 7 hospitales, la extensión de cobertura de servicios de salud en la zona norte y paracentral del país, el fortalecimiento institucional del ministerio y el costo operativo del programa. En marzo del 2006 se realizó la primera contratación de la obra que fue el hospital de Cojutepeque.
Entre los hospitales a reconstruir y construir se encontraban: Hospital de Cojutepeque de Cuscatlán, San Rafael de Santa Tecla, Santa Gertrudis de San Vicente, Santa Teresa de Zacatecoluca, San Pedro de Usulután, San Juan de Dios de San Miguel y el hospital de Maternidad de San Salvador, este último no se construyó en el periodo previsto.
El marco legal del proyecto permitió las modificaciones al contrato y las transferencias entre componentes se sustentó en el Convenio de Préstamo BIRF 7084-ES: “Reconstrucción de Hospitales por Emergencia de los Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud” en las Condiciones Generales aplicables a los Convenios de Préstamo y de Garantía para Préstamos con margen fijo emitidas por el Banco Mundial en fecha 1 de septiembre de 1999. (Regula las aprobaciones de las enmiendas al Anexo 1-Desembolsos del Convenio de Préstamo BIRF 7084-ES).
El desfinanciamiento de los hospitales en $43.9 millones fue suplido en parte con fondos destinados al Hospital de Maternidad y fondos de los otros componentes del préstamo. Así: $28.5 millones del Hospital de Maternidad y $15.4 millones de los componentes II, III y IV del proyecto RHESSA.
Durante todo el período de ejecución del proyecto existieron diversas modificaciones con el fin de reasignar fondos entre categorías de inversión, las cuales fueron aprobadas por el BIRF.
•Septiembre de 2003. Modificada por A.L., aprobada por BIRF, reforzar los montos de 4 hospitales y extensión de cobertura.
•Marzo 2006. Solicitada por MH y aprobada por BIRF, atender necesidades de extensión de cobertura y adquisición de equipo médico.
•Febrero 2008. Solicitada por MH y aprobada por BIRF, para reforzar la categoría de obras y consultorías.
•Octubre de 2009. Solicitada por MH y aprobada por BIRF.
También, en la ejecución del proyecto se registraron diversas irregularidades referentes al pago realizado y el avance en la obra, es decir que el desarrollo de cada obra no correspondía al pago realizado.
Por ejemplo, en el hospital de San Vicente se reportaba que se pagó un monto de $12.4 millones por un porcentaje de ejecución de 87.6% y se encontró que el avance real de la obra era de 53% lo que equivalía a $7.5 millones; el hospital de Zacatecoluca reportaba un porcentaje de ejecución del 73.2% por un monto de $8.9 millones y el avance real era de 47.58% lo que suponía un costo de $4.9 millones; el otro hospital que presentó estas irregularidades fue el de Usulután que indicaba un 78.3% de ejecución, esto equivalía a $9.5 millones y la obra solo reportaba en la realidad un avance del 57% que representaba el monto de $5.9 millones. En total las irregularidades provenientes de las obras no ejecutadas le costaron al proyecto $12.5 millones de dólares tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Además, se encontraron un sinfín de anomalías que demuestra que dicho proyecto estuvo con vicios de corrupción desde sus inicios y que marcó un camino plagado de irregularidades hasta el final de la obra, algunos de los cuales son :
• Todos los arbitrajes tenían como base el mismo esquema de reclamación.
• En todos los casos de construcciones inconclusas los estimados de obras ejecutadas no coincidieron con la obra real, lo cual fue avalado por la empresa supervisora.
• Autorización por parte del Ministro de Salud anterior para que las bodegas de las empresas constructoras y subcontratistas fueran declaradas sitio de obra, posibilitando el pago anticipado para la compra de equipo aun cuando los hospitales no estuvieran en condición para la instalación de estos. Adicionalmente se posibilitó el cambio de la forma de pago indicada en el contrato (adelantando un 30% del valor).
• Exclusión del Fiscal General como representante del Estado y asignación arbitraria de esta responsabilidad al asesor legal del proyecto RHESSA.
Estas y otras irregularidades en el caso RHESSA permitieron que alrededor de $51.1 millones de dólares estén viciados de corrupción, el costo social porque no se contaba con el nuevo Hospital de Maternidad el que mayor impacto tuvo con un monto de $22 millones al año 2010; asimismo, el pago de obras que no se ejecutaron trajo el costo de $12.5 millones y aunado a este problema de pagos realizados de obras no ejecutadas le sumamos el costo oneroso a la empresa encargada de la supervisión de obras cuyos contratos finalizaron antes de concluidas las obras, que hicieron incurrir a costos adicionales a los $9.5 millones que se le pagaron a esta empresa; otra de las irregularidades que mayor costo le trajeron al proyecto fue el pago de procesos de arbitraje perdidos en los hospitales de San Rafael y Cojutepeque que asciende a $6.5 millones, en el cuadro siguiente se presentan de manera detallada las irregularidades.
Por este caso, en mayo de 2013, el exministro de salud Guillermo Maza fue sobreseído de los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios por el Tribunal Segundo de Instrucción de San Salvador. Cabe señalar que Maza fue parte del gabinete del gobierno de Antonio Saca que en la actualidad se encuentra en el ojo del huracán porque se le imputan los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y activos, que en total suman $246 millones.
Maza había sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de corrupción en el proyecto (RHESSA), en donde supuestamente estafó al Estado, junto a otros imputados, por $3.2 millones al cobrar obras no realizadas durante la construcción del Hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca.
Posteriormente, en septiembre de 2014 fue encontrado culpable de haber autorizado el pago de sobreprecios durante la reconstrucción de dicho hospital. Fue condenado por actos arbitrarios, pero la condena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. En enero de 2015 fue exonerado de responsabilidad civil en ese caso.
En septiembre del 2015 el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador decretó sobreseimiento provisional contra el exministro de Salud, José Guillermo Maza Brizuela y 16 imputados más por el delito de negociaciones ilícitas, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad documental agravada e ideológica.
La historia salvadoreña nos muestra que la impunidad ha sido la principal protagonista de los hechos de corrupción y con ello se han perdido millones de dólares que pudieron invertirse en salud, educación o seguridad. Ante estos casos de corrupción, si no se hace nada la lógica continuará a lo largo de los años por lo cual es importante que el Estado tome acción en este y otros casos para que se realice una Auditoría de la Deuda.
Hemos visto que la corrupción en la red hospitalaria ha dejado un sistema precario de salud al pueblo salvadoreño, situación que el actual gobierno del FMLN está haciendo esfuerzos por mejorar, ya que la salud del pueblo salvadoreño no fue prioridad durante la administración de ARENA.
Es importante mencionar que en el año 2010 se asignaron recursos para la construcción del nuevo Hospital de Maternidad, a través del préstamo número 2015, que se suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el Programa de Desarrollo de Infraestructura Social y Prevención de la Violencia, por 143.43 millones de dólares; se destinó a varias Instituciones Gubernamentales para dicho fin y entre estos se asignaron recursos para la construcción del Hospital de Maternidad, ahora denominado Hospital de la Mujer, por lo que se asignaron dentro del Préstamo con el BCIE 41 millones de dólares.
A este monto se le agregaron 2 millones del Fondo del préstamo RHESSA, como contrapartida de parte del Estado salvadoreño se le sumaron 5.3 millones de dólares, además se contrató un nuevo préstamo con el BID por 1 millón de dólares para equipamiento y 1 millón para el pago del personal, para hacer un total de 50.3 millones de dólares en gastos para construir el nuevo Hospital de la Mujer.
Como producto de las diversas irregularidades cometidas en el proyecto RHESSA, se tuvo que gastar 50.3 millones de dólares en el nuevo esquema de financiamiento del Hospital de Maternidad, ahora Hospital de la Mujer, a lo cual habría que agregarle los 28 millones que se le habían asignado en el proyecto RHESSA, menos los dos millones netos asignados al construir el Hospital de la Mujer.
Esta es otra prueba contundente de la corrupción que ha acompañado el proceso de endeudamiento del país y por lo cual como hemos venido insistiendo es necesario realizar una Auditoría de la Deuda y que se establezca cuál es realmente la deuda legítima y dejar de pagar los préstamos que se establezcan como ilegítimos.
En el próximo artículo, en el marco de la necesidad de una Auditoría de la Deuda, se abordará el tema de la corrupción de los préstamos que se solicitaron para enfrentar los efectos de los fenómenos naturales desde el huracán Mitch hasta la depresión tropical 12 E.
