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Por Germán Campos
Puebla/AAFP
El robo de combustible ha puesto en pie de guerra a varios estados del centro de México, con violentos enfrentamientos entre las autoriadades y bandas organizadas y miles de familias que viven de esta práctica ilegal, que esta semana dejaron una decena de muertos.
Puebla es el epicentro de este fenómeno conocido como «Huachicol», entorno al cual se ha creado una cultura con su propio «niño Dios» –con bidón y manguera en mano– y música al estilo de los narcocorridos.
Este tipo de hurtos, también cometidos por algunos grupos relacionados con los cárteles de la droga y que causan a Pemex unos 2.000 millones de dólares en pérdidas anuales, son comunes desde hace años.
Pero la subida del precio de la gasolina impulsada por el gobierno mexicano a principios de 2017, el llamado «gasolinazo» que desató virulentas manifestaciones, incrementó las tomas clandestinas.
Un litro de carburante en las estaciones de servicio ronda los 17,50 pesos (algo menos de un dólar), mientras que en el mercado negro cuesta entre cinco y nueve pesos.
El despliegue de soldados en los últimos tiempos en la zona –donde son constantes las ejecuciones entre grupos locales– hizo caer los robos y disparó la tensión de los delincuentes, que quieren a las autoridades fuera de su territorio para seguir operando.
Diez personas, entre ellas cuatro soldados, fallecieron la noche del miércoles en el municipio de Palmar de Bravo en una serie de choques entre delincuentes y el Ejército.
El presidente Enrique Peña Nieto ha prometido combatir esta práctica ilegal a través de «una estrategia integral», que ha encargado a las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Hacienda.
«Quienes lo practican [el robo de combustible] exponen a sus familias y dañan a sus comunidades», aseguró.
Un hoyo y una manguera
Este negocio paralelo tiene sin embargo una clientela fija.
«Mi camioneta se llena con unos 1.400 pesos en la gasolinera», explicó a la AFP Juan Manuel, un comprador habitual de combustible sustraído, que puede encontrar fácilmente en los mercados de los pueblos de la zona.
«Pero con unos 500 pesos también lleno el tanque con los huachicoleros», confesó. «No es un secreto quién lo vende. Si eres cliente (recurrente), te sale más barato».
Las bandas organizadas, algunas vinculadas al cártel de Los Zetas, y familias al completo se dedican por igual a sacar ilícitamente la gasolina: cavan un hoyo, abren los ductos, instalan mangueras y llenan sus barriles.
Los niños llegan a cobrar hasta 500 dólares al mes por dar la voz de alarma cuando se acerca la policía o el Ejército. Además son usados junto a las mujeres como escudos humanos en los choques con las autoridades.
La presidente de Gasolineros Unidos de Puebla y Tlaxcala, Luz María Jiménez, otro estado del centro del país, subrayó que este fenómeno se ha convertido en «una competencia insostenible» porque «los empresarios deben pagar impuestos (y) salarios», mientras que los vendedores ilegales «apenas deben exponer el producto, comercializarlo y retirarse».
En consecuencia, muchas gasolineras de la región han cerrado, impulsando todavía más el mercado negro.
Las investigaciones han desvelado la colaboración de algunas autoridades.
Desde julio de 2015 están presos el director y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez, por estar relacionados con una banda que sustraía carburante.
En febrero fueron detenidos dos policías municipales acusados de escoltar 15.000 litros de combustible ilegal.
Estos robos han terminado muchas veces en incendios, que han obligado a evacuar a comunidades enteras. Una explosión dejó en diciembre de 2010 al menos 29 muertos en la localidad de San Martín Texmelucan, en Puebla.
Pemex identificó y selló 6.873 tomas clandestinas en todo el país en 2016.
