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Alma Vilches
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La instalación de la vista pública contra Rodil Hernández y Nelson Rauda, exdirectores de Centros Penales, quienes enfrentan cargos de administración fraudulenta y actos arbitrarios fue suspendida hasta el próximo 26 de agosto, debido a que la defensa no se presentó a los Tribunales.
Hernández, dijo que durante la gestión al frente de Centros Penales, su actuar siempre estuvo apegado a derecho y en ningún momento hubo la intención de causar un daño a la población privada de libertad, sino por el contrario, todas las acciones fueron encaminadas a desarrollar una política penitenciaria que está teniendo sus frutos en estos momentos.
“En el caso específico de esos fondos, sus utilidades fueron invertidas en el desarrollo del sistema de políticas de inversión en el sistema penitenciario, el dinero se utilizó bajo toda la normativa y manuales que para ello existía. El personal que tiene la institución está cubierto con esos fondos, lo cual está permitido y es lo que vamos a probar”, afirmó el exdirector de Centros Penales.
Entre tanto, por parte de la Fiscalía, Arturo Cruz, indicó que se les acusa de administración fraudulenta y actos arbitrarios, en específico por el mal uso de los fondos provenientes de las tiendas institucionales, lo cual indica que varios funcionarios ordenaron ese dinero para el pago de planillas de empleados, bonificaciones y gastos de inteligencia, los cuales no están contemplados en la Ley Penitenciaria.
“La Ley dice que estos fondos se deben utilizar en beneficio de la población reclusa y en mejora de los centros penales”, aclaró la parte acusadora.
Asimismo, manifestó que la petición de la Fiscalía es que haya un fallo de carácter condenatorio para ambas personas, para lo cual presentarán prueba pericial, una auditoría contable de los fondos de las tiendas institucionales.
En el caso de Nelson Rauda, el periodo que se le atribuyen los actos arbitrarios es del 7 de febrero de 2012 hasta el 10 de junio de 2013.
Mientras que a Rodil Hernández, se le procesa desde el 11 de junio de 2012 y la pericia incluye solamente hasta el año 2014, en virtud que la información de contabilidad de las tiendas institucionales no estaba al día.
