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@JoakinSalazar
El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén respaldó al director general de Centros Penales, Rodil Hernández, que fue capturado ayer, por la Policía Nacional Civil (PNC), bajo las órdenes administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de supuestos actos arbitrarios. A través de un comunicado, el Gobierno afirmó “nuestro respaldo al señor director y a su gestión por el excelente trabajo, ética y compromiso demostrado con la seguridad de las familias salvadoreñas. Damos fe de su buen desempeño en el cumplimiento de las políticas de seguridad pública de este Gobierno, en especial el proceso de modernización del sistema de centros penales”.
Hernández es vinculado con el manejo de las tiendas institucionales ubicadas dentro de los penales, en las que en un periodo de tres años se habrían movido un promedio de $37 millones de dólares, presuntamente administrados por las pandillas recluidas. Dicha acusación fue orientada por el Fiscal General, Douglas Meléndez, quien aseguró, meses atrás, que investigaba “movimientos irregulares en las tiendas”. El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén enfatizó que “el director comprobará su inocencia y saldrá absuelto de cualquier responsabilidad luego del proceso judicial”. Y es que Rodil Hernández ha dado cumplimiento estricto a los planes de seguridad en apego a derecho, de igual manera, se le reconoce por fomentar una reinserción y rehabilitación para reos apegada a lo que la ley manda, con el modelo penitenciario Yo Cambio y la reingeniería de las instalaciones de penales.
Ante esto, el Gobierno hizo un llamado a los diferentes sectores sociales y al órgano Judicial a mantener la unidad con la que el país está trabajando y cosechando importantes frutos en el área de seguridad. Algunos sectores sociales y políticos han criticado la captura de Rodil Hernández afirmando que es “cortina de humo”, ante los temas de “bonificaciones Especiales” entregados a ex funcionarios de ARENA y el uso de la partida secreta, que afirma la malversación de $300 millones de dólares. Caso que ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia han mostrado interés alguno en investigar.
