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Por Moises Ávila/Eugenia Logiuratto
Brasilia/AFP
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, amenazada por un juicio de destitución, aseguró el martes que nunca renunciará y denunció un intento de «golpe», ante la multiplicación de iniciativas políticas y judiciales que también bloquean el nombramiento del expresidente Lula como ministro.
«Acá se está produciendo un golpe contra la democracia. Yo nunca renunciaré», proclamó Rousseff en un acto en el Palacio de Planalto, aplaudida por un centenar de abogados y juristas contrarios al juicio político que el Congreso estudia abrirle por presunta manipulación de las cuentas públicas.
«¡No habrá golpe!», repetían los presentes.
«Condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se pueda cometer contra una persona. Es una violencia brutal (…). Ya fui víctima de esa injusticia una vez durante la dictadura y lucharé para no volver a serlo en plena democracia», proclamó Rousseff, quien sufrió persecución y torturas bajo el régimen militar (1964-1985).
La mandataria, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), advirtió asimismo de los riesgos de una ruptura democrática y de las pérdidas de las conquistas sociales alcanzadas durante los dos mandatos de Lula (2003-2010).
En medio de la tensión, la jefa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, expresó su preocupación por los acontecimientos en Brasil.
«Nos alarma ver la estabilidad democrática de su patria amenazada», dijo Bárcena, secretaria ejecutiva de este organismo de la ONU, en un mensaje a Rousseff.
Un 68% de la población pide la salida de Rousseff, según una reciente encuesta de Datafolha.
La hora de las lealtades
Rousseff enfrenta dos procesos paralelos: un juicio de destitución en el Congreso (impeachment) por presunta manipulación de las cuentas públicas, y una investigación en la justicia electoral, por supuesta utilización del dinero del sonado esquema de corrupción en la estatal petrolera Petrobras en la campaña electoral de 2014.
El presidente de la cámara de Senadores, Renan Calheiros, se opuso a aprobar un ‘impeachment’ sin pruebas. Su partido, el PMDB, clave en la coalición parlamentaria, informará la próxima semana si se mantiene como aliado oficialista.
«Un impeachment sin tipificación de crimen en el presidente de la República tiene otro nombre», dijo Calheiros, sin atreverse a hablar de golpe.
El rol de Calheiros podría ser clave a la hora de agendar el debate, si el ‘impeachment’ escala hasta el Senado.
En tanto, el jefe del PMDB y vicepresidente de Brasil, Michel Temer -quien asumirá el gobierno hasta las elecciones de 2018 si Rousseff cae-, ha desaparecido del espectro político. Aunque el opositor Aécio Neves, vencido por Rousseff en elecciones, comentó que tuvieron un «una conversación republicana» el lunes en Sao Paulo.
«Si el juicio político es aprobado, estaremos listos para ayudar a desarrollar un programa de emergencia» de un gobierno de transición, dijo Neves en Twitter.
La comisión parlamentaria que evalúa el pedido de destitución de Rousseff, realizó el miércoles la tercera de las 15 reuniones que debe mantener antes de pronunciarse al respecto. Acordaron centrar su trabajo exclusivamente en la presunta manipulación de cuentas fiscales, las que, para el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, no incriminan a la presidenta y son un mero «pretexto para el impeachment».
Lula sigue sin cargo
Rousseff enfiló sus baterías contra el juez Sergio Moro, a cargo de la operación «Lava Jato» («lavadero a presión») que desmanteló un esquema de corrupción en torno a la estatal Petrobras y que ha llevado hasta a la cárcel a políticos, empresarios y exfuncionarios de la firma envueltos en pago de sobornos.
Moro, visto por muchos brasileños como un cruzado de la lucha contra la corrupción, divulgó una conversación telefónica pinchada entre la mandataria y Lula, recientemente nombrado como su ministro jefe de gabinete, mientras es investigado por posible ocultación de bienes en vinculación con el escándalo Petrobras.
Este diálogo, en donde ambos abordan el tema, llevó a un juez a bloquear la toma de funciones de Lula, bajo sospecha de una posible estrategia para salvarlo de una eventual detención en la justicia ordinaria, al concederle fuero de ministro.
El último viernes, el magistrado Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió el nombramiento de Lula, por sospechar que se trataba de una maniobra para blindarlo y quitarle el caso al juez Moro.
El martes, una magistrada del STF mantuvo la suspensión del nombramiento mientras otro pidió a Moro -juez de primera instancia- que entregue el caso al máximo tribunal, pues envuelve a personas a las que no les corresponde fuero común, como Rousseff. El pleno del STF deberá resolver finalmente si Lula puede ser ministro.
El exgobernante estaba el martes en el mismo hotel donde la policía realizó búsquedas de ejecutivos de Odebrecht, una de las firmas implicadas en ‘Lava Jato’.
La justicia sospecha que Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, siguió dirigiendo desde la cárcel un sistema de sobornos que se habría extendido a obras en el estadio de Corinthians de Sao Paulo, sede de la apertura del Mundial-2014. La firma ofreció el martes una «colaboración definitiva» con la justicia, sin explicar a qué se refería.
