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@arpassv
Las reformas tributarias que entraron en vigor ayer enfrentan un fuerte boicot de la derecha empresarial y mediática. El sabotaje incluye resistencia de algunos actores económicos a su aplicación, sick demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia y despidos en algunas empresas (para demostrar que las reformas “sí afectarían a los trabajadores y consumidores”).
Empecemos por lo último. La Prensa Gráfica, cuyos propietarios deberán pagar entre 8 y 10 millones de dólares anuales que no pagaron durante décadas, despidió a un significativo número de empleados el pasado fin de semana, alegando crisis económica debido a aplicación de la reforma a la Ley de Imprenta que eliminó la exención del impuesto sobre renta de los propietarios y accionistas de los medios impresos.
Esto confirma que a los empresarios no les gusta pagar impuestos y –cuando la justicia tributaria toca su puerta– se desquitan siempre el pago con los consumidores, subiendo el precio de los productos, y con los trabajadores, reduciéndoles el salario o despidiéndolos.
Un prominente miembro del Grupo Poma expresó recientemente lo contrario: dijo que a los empresarios “sí les gusta pagar impuestos”; pero la realidad lo desmiente al instante. Olvida este “patriota y solidario” inversionista que fue su propio consorcio empresarial el que presentó la Ley de Turismo que excluye del pago de impuestos a las inversiones turísticas que superen los 50 mil dólares.
Las reformas tributarías –decíamos también– enfrentan la resistencia de actores económicos y demandas de inconstitucionalidad. Los bancos expresan la falaz excusa de decir que no tienen un sistema contable para cobrar el impuesto a las transferencias financieras y las gremiales empresariales recurren a la Sala Constitucional tratando de revertir las reformas.
Por eso es pertinente el llamado del Presidente Salvador Sánchez Cerén a la Sala para que no se deje presionar por los gremios de empresarios que rechazan las reformas tributarias, algunas de las cuales fueron propuestas por ellos mismos. En 2003 cuando gobernaba ARENA, FUSADES propuso impuestos al patrimonio, a las transferencias financieras y otros, que sus actuales “analistas” critican.
El boicot empresarial cuenta con la colaboración mediática. Los grandes medios, que se rasgan las vestiduras con su campaña del “juego limpio”, difunden y avalan las sucias maniobras de los empresarios, gremiales y tanques de pensamiento conservador que sabotean la justicia tributaria y la posibilidad de que el gobierno tenga recursos para atender las necesidades de la población vulnerable.
