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La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “es un activista político” que no goza de “representación democrática”, afirmó el oficialista FMLN, luego de criticar una serie de resoluciones del máximo tribunal de Justicia del país, que ha cercenado al congreso el poder de legislar.
El FMLN también advirtió que el cuestionado organismo judicial “tiene todas las Sentencias que le interesan listas, para hacerlas públicas en el momento político oportuno”.
“Lo de los $ 900 millones, la Sala debe tener decisión desde hace meses, (y) no lo ha publicado porque están esperando el momento político oportuno”, afirmó la diputada por el oficialismo, Jackeline Rivera.
La parlamentaria salió así al paso de declaraciones televisadas del Magistrado Rodolfo González, en las que anunció que la polémica Sala de lo Constitucional tiene previsto dar esta semana la resolución sobre los $ 900 millones en bonos del gobierno.
La Sala de lo Constitucional congeló la colocación de los Títulos Valores del gobierno hace más de un año, al cuestionar la manera en que fueron aprobados por la anterior legislatura.
“A Rodolfo González solo le faltó la camiseta de ARENA, solo eso le faltó, (porque) todo lo que dijo, es coherente y congruente con el discurso de ARENA”, afirmó la parlamentaria.
Rivera dijo que la Sala, como es conocida popularmente, “es una activista judicial, que en literatura se conoce como las personas que se arrogan representación democrática que no tienen”.
“La Sala está electa para emitir Sentencias, interpretar la Constitución, no para ser activismo, ni jurídico, ni político”, explicó la parlamentaria.
A juicio de la legisladora, al menos cuatro de los cinco Magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional, “tratan de asustar con el petate del muerto, nos tienen así como la espada de Amocle”.
No habrá sorpresas: ARENA
El legislador por ARENA, René Portillo Cuadra, aseguró, por su parte, que “el proceso (de aprobación) de los $ 900 millones, fue fraudulento, fue un proceso que vulnera la Constitución”.
“A mí no me cabe la menor duda que esa Resolución (de la Sala de lo Constitucional) dictará que es inconstitucional la forma en que se aprobaron esos $ 900 millones”, reiteró.
“No va a ser ninguna sorpresa que (los Magistrados de la Sala) declaren inconstitucional los $ 900 millones”, subrayó convencido Portillo Cuadra.
Portillo Cuadra se pronunció a favor de que la Sala continúe “poniendo orden”.
GANA confía en resolución favorable
El vicepresidente del congreso, el diputado por GANA, Guillermo Gallegos, por su lado, sin embargo, confió en que el fallo judicial sea favorable.
“Todos quisiéramos, o parte del país, para ser sincero, que se pueda declarar constitucional la aprobación de estos $ 900 millones de colocación de Bonos, es una necesidad que tiene nuestro país”, subrayó el parlamentario.
Prohíbe ampliación de períodos
La Sala también suspendió la semana pasada un proceso de reforma de la obsoleta Constitución Política salvadoreña, que data de 1983, al prohibir que los 84 diputados que integran el congreso y los 262 alcaldes del país, se postularan por un período de cinco años.
Los legisladores ratificaron la semana pasada una reforma constitucional que permitía a diputados y alcaldes aumentar de tres a cinco años sus períodos administrativos, pero la Sala ordenó detener su aprobación en la Sesión Plenaria anterior, al argumentar supuestas violaciones constitucionales.
La medida no causó gracia a los legisladores quienes a regañadientes la respetarán, aunque han enfilado baterías para aprobar la nueva elección de tres Magistrados de la Corte de Cuentas de la República para tres años, aunque la Sala no se ha pronunciado al respecto.
La nueva elección de los Magistrados tiene previsto llevarse a cabo tras una selección de los candidatos que hará una Sub Comisión creada por los congresistas, y luego que la Sala declarara inconstitucional la elección de los actuales funcionarios de la CCR, por tener afiliación política-partidaria.
Los parlamentarios, sin embargo, han enviado a los Magistrados de la Sala una misiva para consultar si la elección por tres años de los nuevos funcionarios de la CCR, será constitucional.
