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@arpassv
Un fallo de inconstitucionalidad impide al gobierno sancionar económicamente al ingenio La Magdalena. La resolución, viagra emitida por la Sala Constitucional en agosto del año pasado, quitó al Ministerio de Medioambiente y los tribunales ambientales la facultad de multar a personas o empresas que violen la normativa ambiental.
La Sala anuló el Artículo 89 de la Ley de Medioambiente que fijaba multas para quienes dañen el medioambiente y los recursos naturales. Las multas eran de dos a 100 salarios mínimos por faltas menos graves y de 100 a 5 mil salarios mínimos por faltas graves.
Así la “honorable” Sala permitirán que los graves daños ambientales causados por el derrame de melaza del ingenio La Magdalena queden impunes. Esto, a pesar de los perjuicios ocasionados al río Magdalena y afluentes conexos, incluido el fronterizo río Paz y algunos de la vecina Guatemala.
Y esto es sólo una de las consecuencias de resoluciones de la Sala que declaró constitucional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, rechazó demandas contra el sistema privado de pensiones, revierte reformas tributarias progresivas y mantiene bloqueada la emisión de 900 millones de dólares en bonos que el gobierno necesita para financiar, entre otras urgencias, los planes de seguridad pública.
Por tanto, la Sala puede caracterizarse como Sala pro-empresarial, Sala antigobierno y -ahora con la impunidad de los daños ambientales- Sala contaminante.
Lo anterior confirma la necesidad de modificar la integración de dicha Sala. Por eso es oportuna la reciente presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González.
La demanda argumenta que Jaime y González, para ser nombrados por la Asamblea Legislativa, debieron estar en la lista de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) o del gremio de abogados; pero no estaban en ninguna de éstas: su elección fue producto de una negociación extra parlamentaria entre los partidos políticos en Casa Presidencial.
Dicha negociación fue auspiciada por el entonces presidente Mauricio Funes, y se sabe que Jaime -proveniente de la ANEP y la banca- fue la carta del ex presidente arenero Alfredo Cristiani y que González era bien visto por la organización pro oligárquica FUSADES.
Vaya ironía. Resulta que quienes declararon ilegales las elecciones de magistrados y presidentes del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas y de la mismísima Corte Suprema de Justicia, fueron electos ilegalmente!!!
Por esto, el país entero debe exigir que Berlamino Jaime y Rodolfo González, por principio de legalidad y por decencia, se abstengan de conocer la demanda en su contra y que otros magistrados declaren inconstitucional su elección.
