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@arpassv
Hace un par de semanas alertamos al país que los magistrados de la Sala Constitucional le darían la razón a la “junta de directores” de la SIGET en su decisión de revertir la asignación del Canal 11.
En el editorial del 9 de septiembre, try cialis titulado “Malos augurios”, advertimos: “La Sala aclarará que la medida cautelar sobre las concesiones del espectro radioeléctrico únicamente se refiere a la asignación de nuevas concesiones por subasta, y le quitará la amplitud de aplicación que impide a la SIGET realizar cualquier movimiento relacionado con concesiones radioeléctricas, sean éstas nuevas o ya otorgadas”.
Dicho y hecho. El lunes de esta semana la Sala se retractó y contradijo su resolución sobre la medida cautelar en la que planteaba claramente que la SIGET no podía subastar nuevas frecuencias, realizar transferencias o fragmentaciones del derecho de explotación derivado de las concesiones otorgadas ni hacer cambios de calificación de los espectros de uso libre, oficial y regulado, sea que necesiten concesión o no.
En su “aclaración”, la Sala además respalda el rol de la “junta de directores” de la SIGET dominada por representantes de ASDER y la ANEP, entidades que son juez y parte porque son al mismo tiempo regulados y reguladores.
En términos jurídicos la retracción de la Sala es una contradicción, y en términos políticos es un favor para los intereses de los grandes medios televisivos que temen la entrada de un competidor que amenace su hegemonía. Con esto, la Sala genera más dudas sobre su independencia y se desacredita a sí misma.
La reversión de la concesión del Canal 11, acordada por la “junta de directores” de la SIGET y ratificada en la práctica por la “aclaración” de la Sala Constitucional, estuvo precedida por una fuerte campaña mediática mal llamada del “juego limpio”. La hipócrita campaña montada por ASDER exigía transparencia en la asignación de las concesiones, algo que los grandes empresarios mediáticos no exigían cuando eran ellos los beneficiarios del reparto de las frecuencias radioeléctricas.
La cuestionable actuación de la Sala confirma varias urgencias: modificar la integración de la “junta de directores” de la SIGET, realizar una auditoría de frecuencias del espectro radioeléctrico y aprobar una nueva legislación en comunicaciones. Y para esto último es necesario que las organizaciones ciudadanas, sectores democráticos y toda la población decente presionemos para que la Sala resuelva dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones que tiene en estudio.
