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@arpassv
Actuaciones recientes de la Sala Constitucional han sido duramente criticadas, click y con mucha razón. Una es la admisión de demandas contra reformas fiscales aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa, try y otra es la sentencia que afecta a los diputados “independientes” o sin partido.
En el primer caso, la Sala ha sido acusada de atentar contra las finanzas gubernamentales y responder a la agenda de la derecha empresarial que reniega de las medidas tributarias que buscan aumentar los ingresos al fisco.
La oposición de las gremiales empresariales a la implementación de los nuevos impuestos responde a la estrategia de ARENA que busca ahogar financieramente al gobierno y al intento de las grandes empresas por mantener intacto el sistema tributario regresivo donde “pagan más quienes tienen menos”.
En el segundo caso, la Sala contradice su enfoque anti partidos políticos de resoluciones anteriores y ahora reivindica el poder de las cúpulas partidarias en detrimento de los diputados disidentes.
La Sala –que aprobó las candidaturas independientes, el voto por rostro y destituyó a un presidente del Tribunal Supremo Electoral, a magistrados de la Corte de Cuentas y hasta a un presidente de la propia Corte Suprema de Justicia por pertenecer a un partido político– ahora reivindica la prevalencia de los partidos.
Así la Sala se muestra contradictoria y quizás malintencionada, dando la razón a los críticos que advierten sobre su posible vinculación con intereses oligárquicos.
Por omisión, también la Sala es merecedora de más críticas. Como ARPAS señalamos el retraso de las sentencias sobre dos demandas contra la Ley de Telecomunicaciones: una cuestiona la subasta como único mecanismo para asignar frecuencias y la otra impugna la renovación automática de las concesiones, el carácter de bien privado y la falta de límites antimonopólicos.
Esos y otros aspectos de esa caduca y antidemocrática ley violentan los principios constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de expresión, prohibición de prácticas monopólicas, orden económico con justicia social, plazos fijos para las concesiones estatales y prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes secundarias.
Con esta omisión la Sala mantiene vigente el ordenamiento jurídico que favorece únicamente a los grandes medios de comunicación y, así, impide la profundización de la democracia a través de la construcción de un modelo mediático más diverso, plural y democrático.
