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@GloriaCoLatino
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, help admitió el pasado 3 de junio de 2014, rx el amparo presentado por las víctimas y familiares, vinculados a casos emblemáticos del conflicto armado de los años ochenta, documentados en Tutela Legal del Arzobispado.
El amparo contra el Arzobispado de San Salvador se da, luego que el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas decidiera de manera inconsulta cerrar la oficina de Tutela Legal, despedir al personal y apropiarse de los expedientes judiciales de esa oficina.
Alejandro Díaz, jurista de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que ha judicializado estos casos, explicó que la admisión del amparo era un logro importante para las víctimas y familiares.
Las Masacres de El Mozote, La Quesera, El Sumpul y el caso más reciente de la contaminación con plomo de la población del cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad, forman parte de los expedientes que la extinta Tutela Legal del Arzobispado se niega a entregar a los afectados.
“De acuerdo a la Sala de lo Constitucional, el resolver sobre si las víctimas tienen derecho a accesar a los archivos, a reclamar propiedad sobre ellos y a utilizarlos en los procesos judiciales, es una cuestión prejudicial que debe resolverse con prontitud”, afirmó.
La resolución (Ref.883-13) permitirá a las víctimas obtener la protección de sus derechos a las garantías judiciales; a la propiedad y autodeterminación informativa, y que en el marco jurídico esto es de carácter prioritario para la resolución.
En cuanto a la admisión acumulada del Amparo de las víctimas contra el Arzobispado de San Salvador, Díaz indicó que el “previo conocimiento de las violaciones de derechos de las víctimas, las convierte en parte procesal del amparo mencionado”, señaló.
“Esperamos que la Sala de lo Constitucional resuelva lo más pronto posible la solicitud de las víctimas y se les entregue la documentación respectiva”, por violaciones de derechos humanos, del conflicto, y de casos actuales, que no puede ser administrada o ser proporcionadas por terceras personas”, manifestó.
Díaz consideró, además, que se podría condenar a la autoridad demandada, que en este caso sería el Arzobispado de San Salvador, a manera de resarcir los daños y perjuicios incluso, los daños morales que les causaron a las víctimas.
