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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó a la Fundación para el Estudio y Aplicación de Derecho (FESPAD) la admisión de la demanda de amparo a favor de Josué (con Referencia 314-2022), desaparecido en el año 2011, cuando era un adolescente de 14 años de edad.
A la FECHA, 11 años DESPUÉS, no existe una investigación concluyente sobre quién o quiénes fueron los responsables del hecho y tampoco sobre su paradero.
En su comunicado LA FESPAD detalla que la demanda fue presentada el 24 de noviembre del año 2022, en representación de la mamá de Josué, y en ella se reclama: la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que permitiera establecer quién o quiénes son los responsables de la desaparición de Josué. Y también dar con su paradero, lo que vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción, y el derecho a conocer la verdad.
La demanda también fundamenta, en segunda instancia, la omisión de la Asamblea Legislativa, respecto a emitir una normativa que contribuya a hacer eficiente el proceso de ubicación o identificación de una persona desaparecida, y para garantizar apoyo psicosocial al grupo familiar de quien ha sido víctima de este “terrible hecho”, como lo son las desapariciones, y con la cual se vulnera el derecho a la protección para la conservación y defensa de los derechos y el derecho a la protección familiar.
En la demanda, también, se solicitó a la Sala de lo Constitucional, el otorgamiento de medidas cautelares, consistentes en: ordenar a la Fiscalía General de la República realizar diligencias de investigación sobre el caso.
Asimismo, solicita ordenar al Ministerio de Salud proporcionar atención especializada al grupo familiar de Josué y de cualquier persona en similar situación. La que realizará mediante la resolución notificada a FESPAD.
La Sala de lo Constitucional decidió en primer lugar admitir la demanda en contra del Fiscal General de la República, “en virtud de la posible lesión a los derechos a la protección jurisdiccional -en su manifestación del derecho al acceso a la jurisdicción- y a conocer la verdad”.
La Sala, sin embargo, rechazar la admisión en cuanto a la exigencia planteada a la Asamblea Legislativa. Además, rechazó el otorgamiento de una medida cautelar en relación al caso.
“Así, la admisión del amparo es parcial en cuanto a lo solicitado, a pesar de lo cual FESPAD considera que es una decisión de mucha trascendencia para Josué y su familia que a 11 años después de su desaparición, le siguen buscando con la esperanza de que la institucionalidad salvadoreña les permita acceder a la justicia, que en el pasado se les ha negado”, manifestó la FESPAD en el comunicado. “Y por fin, conocer la verdad de lo que pasó y ubicar a su ser querido”, añade.
Asimismo, la FESPAD consideró que la decisión de la Sala de lo Constitucional, abre la posibilidad de que otros casos sean presentados ante este tribunal en caso de no obtener una respuesta por parte de las autoridades competentes.
“Como institución comprometida con el acceso a la justicia para todas las víctimas de violencia, consideramos que la decisión tomada por la Sala de lo Constitucional debe ser vista como un llamado de atención para realizar esfuerzos inter institucionales tendientes a mejorar los procesos de investigación y ubicación de las víctimas de desaparición”, reitera.
“Lo cual compete no solo a la Fiscalía General de la República, sino que involucra a la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras”, acota.
La decisión adoptada por la Sala de lo Constitucional anima a mantener los esfuerzos que como FESPAD han venido realizando para mejorar las respuestas del Estado ante la desaparición de personas.
La fundación señala que para que existan procesos de investigación eficaces, proporcionando atención integral a las familias de personas desaparecidas, se debe emitir una ley que dé mayores herramientas y recursos económicos al Estado para que este responda ante la problemática.
“Nuestra lucha es por la dignidad de las personas”, reitera la FESPAD en el comunicado.
