Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@BeatrizCoLatino
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indaga sobre un caso de esterilización forzada, doctor cialis que se habría registrado en diciembre del 2010 en el hospital Nacional de Maternidad.
Los magistrados Oscar Armando Pineda, store Belarmino Jaime, remedy Sidney Blanco, Rodolfo González y Celina Escolán, por decisión unánime decidieron admitir una demanda de amparo presentada en contra del director del mencionado hospital de Maternidad “Raúl Arguello Escolán”, ante una posible vulneración de los derechos a la salud, integridad física, moral, igualdad, información entre otros.
En el comunicado girado por los magistrados Constitucionales, explican que la demandante, identificada como
“G.M.”, es portadora del VIH, enfermedad que le fue diagnosticada en junio de 2010, fecha en que también se le comunico que estaba embarazada.
Fue en ese mismo año, según lo detalló la demandante, justo en diciembre de ese año “fue practicada una cesárea, la cual supuestamente se realizó con la condición de que firmara una autorización de esterilización”.
G.M afirma que ante la presión, es que decide “firmar un documento que se presume, fue una autorización para el procedimiento sugerido (esterilización), a efecto de recibir la atención médica”.
La mujer portadora del VIH indica en su demanda de amparo que no puede tener acceso a su expediente médico, ni a las referencias respecto del personal que la atendió en esa ocasión.
Luego de conocer la demanda y lo expuesto por G.M, los magistrados la admiten contra las actuaciones del Director del Hospital de Maternidad, ya que se podría “derivar en la realización de un procedimiento descrito como esterilización forzosa”.
“Puesto que, a pesar de que la demandante presumiblemente suscribió un acta de consentimiento, la misma fue exigida por las autoridades de la institución como condición previa para que la paciente y su hijo no nacido recibieran atención médica, todo ello, en atención al hecho que la peticionaria es portadora del VIH”, razonan.
Para tener mayor sustento en este proceso de amparo, los magistrados solicitan al Fiscal General de la República, Luis Martínez y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, que provean “su opinión técnica respecto del caso”.
También piden a la PDDH remitir al máximo tribunal informes sobre la existencia o no de otras denuncias similares a la planteada por la parte actora respecto de violaciones a los derechos reproductivos de los miembros de las personas portadoras de VIH.
Asimismo, la titular del Ministerio de Salud, como responsable de la red de hospitales y la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador, tienen que presentar un informe sobre la existencia “de normas, directrices y protocolos, para los procedimientos de esterilización de mujeres y el tratamiento de embarazos de mujeres portadores VIH”.
