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@JoakinSalazar
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondió, hospital mediante un comunicado, sick a los señalamientos de diferentes sectores, a raíz de las resoluciones o admisiones de demandas, que han generado controversia y afectado las acciones de Gobierno.
Los magistrados aclaran que algunas decisiones sobre sus sentencias en las que resaltan “no ser culpables de los efectos que estas generan”
Entre su aclaratorias de la Sala destaca la medida cautelar sobre la emisión de títulos valores por $900 millones de dólares, donde explican que el proceso de inconstitucionalidad es contra la forma de proceso de formación de la reforma de Ley, y no para enjuiciar la conveniencia o no de la emisión de los bonos.
No obstante, desde el momento que admitieron la demanda impusieron la medida cautelar, en el sentido de prohibir la venta de los bonos por $900 millones o utilizar los fondos de los ya vendidos.
Los magistrados expresaron que impusieron la medida cautelar para evitar que se produzca una venta de bonos sin emitir un fallo de su parte, con respecto a la demanda planteada.
Pese a esto, algunos sectores sociales y civiles consideran que los magistrados responden a poderes y a intereses de terceros, debido a que las resoluciones no solo afectan a un determinado sector sino a toda la población en general.
La Sala también dice que no ha prohibido divulgar los nombres de los deudores, en tanto que rechazó dicha petición de quienes interpusieron el recurso.
En cuanto al FONAT, la Sala justificó que la declaró inconstitucional, porque “viola el principio de capacidad económica del contribuyente”, no obstante le dejó al Gobierno la obligación de pagar el seguro, sin, tomar en cuenta la capacidad económica del erario público para responder a los beneficiarios, y por ende, el cumplimiento de la ley.
Asesores
Por otra parte, los Magistrados aclararon que no cuentan con 70 asesores para la Sala de lo Constitucional, sino que cuentan con “colaboradores jurídicos”, sin determinar cantidad de los mismos.
“Existen colaboradores jurídicos –como en todos los tribunales del país– que prestan sus servicios al tribunal y lo apoyan en las tareas administrativas: investigar sobre diversos temas constitucionales, asistir en las audiencias públicas de la Sala, redactar proyectos de resoluciones, revisar constantemente la jurisprudencia nacional y extranjera”, explican los magistrados.
En cuanto a la deuda de más de dos mil procesos entre inconstitucionales, amparos y Habeas Corpus, la sala explica que solo tienen una deuda de un mil 100 procesos correspondientes a los años 2013, 2014 y primer trimestre de este año.
“En el último año (2014) ingresaron 1,664 procesos constitucionales. La Sala resuelve un promedio de 1,421 procesos al año”, dice la Sala.
