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@JoakinSalazar
Magistrados se anteponen a la ley y al pueblo. Total condena y rechazo dio como resultado la negativa de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por no admitir una demanda de inconstitucionalidad contra los nombramientos de Belarmino Jaime y Rodolfo González, quienes fueron incluidos “bajo de agua” al listado de elección como miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados de la Sala rechazaron la demanda de Roxana Angélica Alvarado, argumentando que está demanda ya ha sido una cosa juzgada por ellos y botando todo los argumentos de manera incoherente, dejando en el cesto de la basura un proceso de inconstitucionalidad por el nombramiento irregular de los magistrados Jaime y González.
Y es que para las organizaciones sociales Movimiento 5+, Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD) y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Sídney Blanco, Florentín Meléndez, y los suplentes Eliseo Ortiz y Sonia de Barillas, buscaron autoblindarse ante cualquier proceso en su contra, poniéndose por encima de la Ley y volviéndose “injusticiables”.
“Esta es solo una muestra de cómo funciona el interior de la Corte Suprema de Justicia, como se puede pedir depuración y transparencia de un órgano judicial, si su máxima autoridad se muestra tan impune; hay grupos de intereses que se mueven en la Corte”, explicó Onidia Gómez, de FUNDASPAD.
Gómez explicó que los magistrados argumentaron que no se puede hacer nada en contra de tratar de desarticular la Sala, “pero la Sala no va ser desarticulada, no es esa la pretensión, es contra los magistrados que fueron electos de forma irregular, vayan a buscar las pruebas”, agregó.
Los argumentos de la demandante pedían que la Sala de lo Constitucional investigara sobre los procesos “si ellos son tan constitucionales, si ellos fueron electos bajo la base de la Ley, porqué no admitir la demanda y declararse que fue constitucional el proceso. En el fondo ellos saben que no fue un proceso apegado a derecho”, comentó.
Leonel Herrera, de ARPAS, explicó que los actos realizados por la Sala de lo Constitucional constituyen un acto arbitrario, por no procesar y admitir una demanda que tiene fundamento, es un acto arbitrario, como también constituye una clara muestra de imparcialidad.
“Nosotros no descartamos ir a la Fiscalía y presentar un aviso de investigación, porque esta negativa de los magistrados puede constituir el cometimiento de un delito, como actos arbitrarios. Nosotros vamos a trabajar alguna iniciativa en la Fiscalía, esperamos que el Fiscal General haga la diferencia, porque hay demandas por diversos hechos contra los magistrados”, explicó Herrera.
Herrera explicó que los magistrados adelantaron criterio, puesto que en una entrevista televisiva dijeron que – pusieran las demandas que quisieran, pero contra ellos no iba a proceder ninguna demanda- “si escucháramos decir eso al Presidente de la República, fuera un escándalo, pero lo dice un magistrado y nadie se pronuncia”, lamentó Herrera.
