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Los cuatro integrantes de la Sala de lo Constitucional se han quitado una vez más el antifaz de imparcialidad y cumplidores de la ley, buy cialis y han dejado al descubierto su verdadero rostro pro empresarial.
Y es que la Sala de lo Constitucional declaró recientemente “improcedente” la demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos salvadoreños en contra del Decreto Legislativo número 927, remedy que dio vida a la privatización de las pensiones.
La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (LESAP) fue creada en 1996, en el marco de la algarabía arenera de pasar todas las empresas estatales rentables a manos privadas.
Y siendo que las Pensiones mueven miles de millones de dólares de las cotizaciones, era un deseo de ARENA que por el manejo de esos fondos, los privados se quedaran con un 17% de lo que quitan al trabajador.
Con el agravante, que el sistema de ahorro individual, no garantiza la pensión vitalicia, pues, según la ley de privatizaciones hecha por ARENA, PCN y el PDC, las AFPs están obligadas a entregar la pensión hasta que el ahorro se termine. Es decir, con el sistema privado el trabajador no tiene una pensión vitalicia.
El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Oscar Gilberto Canjura Zelaya, Juan Carlos Sánchez Mejía, Maximiliano Omar Martínez Flores, Saúl Antonio Baños Aguilar y Héctor Josué Carrillo Portillo, lo presentaron, por vicios de forma de la creación de la ley privatizadora.
Mediante un estudio del proceso de creación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, los demandantes detectaron vicios en el dictamen, pues solo llevaba seis firmas, pese a que la mencionada Comisión estaba conformada por 13 parlamentarios.
Además, dos de las seis firmas no correspondían a los miembros de la Comisión, mientras que una tercera persona firmó en representación de uno de los diputados de la Comisión.
Sin lugar a dudas, ARENA, el PCN y el PDC cometieron cualquier irregularidad, con tal de arrebatarle las cotizaciones que el Estado utilizaba para garantizar las pensiones vitalicias a los y las trabajadoras. Este fue el verdadero robo del siglo, señores de la ANEP.
Y pese a que los demandantes utilizaron los mismos argumentos que los cuatro magistrados utilizaron en otro caso similar para decretar inconstitucionalidad, esta vez la Sala rechaza los argumentos de los demandantes.
Está claro que los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional no quieren afectar los millonarios intereses de las AFPs, y por eso rechazaron el recurso de inconstitucionalidad.
La Sala se quitó la máscara, y le quedó al descubierto su rostro pro empresarial.
