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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) no implica invasión a la atribución del Fiscal General, fue la conclusión de los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el que se supera el veto presidencial emitido en julio de 2018.
La Sala declaró constitucional el artículo 1 del decreto 57 emitido el 20 de julio del 2018. El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó este decreto al considerar que era contrario a lo establecido en la constitución de la República, con respecto a la labor que realiza el Fiscal General, ya que a juicio de la presidencia se creaba una “privación de competencias del Fiscal General en cuanto a la dirección de investigación de los delitos financieros operando la UIF de forma independiente; supresión de la competencia de la FGR sobre el ejercicio de la acción penal y la creación de la UIF como entidad autónoma dentro de la FGR”.
En la resolución, la Sala estableció que no existe la invasión a la atribución del Fiscal General de la República de dirigir la investigación del delito, ni la desplaza a favor de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ya que esta unidad “se circunscribe a la generación de inteligencia financiera y en caso de encontrar indicios de ilícitos, lo recopilado deberá ser puesto a disposición del Fiscal General de la República”, establece la Sala.
De igual manera, los magistrados de la sala de lo constitucional establecieron que se deben tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales, con las que se permita evitar que el sistema financiero sea utilizado como medio para las actividades ilícitas como lavado de dinero y la financiación del terrorismo, por lo que considera importante la creación de una unidad especializada.
La Sala consideró que la UIF al hacer acopio, tratar y analizar información financiera podría, entre otros aspectos, identificar operaciones económicas que por sus características podían llegar a estar relacionadas con el lavado de dinero de activos, financiación al terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. Si este fuera el caso, la misma UIF deberá informar al Fiscal General para que inicie la investigación penal correspondiente.
