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Por Leonel Herrera*
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador hizo esta semana algo insólito: emitió una resolución donde reconoce que su decisión no tiene ninguna base legal, pero que -aun así- la toma, por las dudas o por si acaso…
Esto no es ninguna broma, es en serio. Los flamantes magistrados Miguel Ángel Flores Durel, Roberto Carlos Calderón y Ramón Narciso Granados, nombrados por el oficialismo, resolvieron que una petición de recusación de la Fiscalía General de la República contra un juez no tenía fundamento jurídico, pero para “garantizar transparencia e imparcialidad” lo mejor era apartar al juez impugnado.
Se trata del magistrado Martín Rogel Zepeda, miembro de la Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, instancia que resolverá la apelación presentada por el abogado defensor de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES detenidos arbitraria e injustamente desde el pasado 11 de enero.
La Fiscalía impugnó a Rogel Zepeda porque tenía la “sospecha” de que, debido al primero de sus apellidos, el magistrado fuera pariente de la ex diputada Ileana Rogel; sin demostrar el supuesto parentesco entre el juez y la ex funcionaria, quien -además- no tiene parte en el proceso penal contra los defensores ambientales de Cabañas.
En su controvertida resolución, la Sala de lo Penal reconoce que no existen razones válidas ni argumentos jurídicos para separar al magistrado, pues la razón expuesta por la Fiscalía no está entre las 13 causas de impedimento reguladas en el artículo 66 del Código Procesal Penal. No obstante, la Sala decidió apartara Rogel Zepeda.
Como bien señalan Santa Marta y ADES en un comunicado, esto constituye una flagrante violación al debido proceso y al derecho de los detenidos a tener un juicio justo. Es un grave precedente jurídico y un golpe final a la moribunda independencia judicial del país.
(https://twitter.com/ades_sm/
Cuando supe de tan extraña resolución, quise saber la opinión de algunos amigos abogados. Me respondieron con frases como “eso es una vergüenza”, “¡qué aberración!” o “eso ya es el colmo”. Finalmente, uno de ellos se lo tomó con sentido de humor y me respondió: “el chiste se cuenta solo”.
Decidí tomar dicha frase como título de este texto, no solo porque reírse frente a las desgracias resulta a veces un buen recurso terapéutico, sino porque -ciertamente- la independencia judicial, la separación de poderes, el estado de derecho y la institucionalidad democrática del país son un chiste. Francamente.
O qué otra cosa podría ser un jefe policial diciendo que “los policías (y militares) son jueces en la calle”, un ministro sugiriendo que “el medioambiente no se protege negando o retrasando los permisos a proyectos (depredadores del ecosistema)”, un vicepresidente de la República aclarando que (lo de Bukele) “no será reelección sino un segundo mandato” y ahora una Sala de la Corte Suprema admitiendo que su decisión es ilegal pero -de todas maneras- la toma.
Definitivamente, el chiste se cuenta solo.
*Periodista y activista social.
