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Redacción Nacionales
Diario Co Latino
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado a la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque resolver los recursos de apelación presentados por la defensa legal de los líderes comunitarios de Cabañas.
La resolución de la Sala, a la que Diario Co Latino tuvo acceso, manda a resolver las excepciones perentorias denegadas por el Juzgado de Segunda Instancia de Sensuntepeque previo a la audiencia preliminar del pasado 3 de abril y posteriormente rechazadas en apelación por la Cámara Penal de Cojutepeque.
Los magistrados de la Cámara de Cojutepeque, Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, se excusaron de resolver, alegando que ya habían resuelto sobre dichos recursos en una apelación anterior; por lo que, el 3 de mayo, trasladaron el caso a la Sala de lo Penal.
Los recursos presentados por la defensa de los ambientalistas son tres: uno plantea la prescripción del supuesto delito, otro se refiere a la extinción de la acción penal por la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 y uno más argumenta sobre la posible incompetencia legal de la jueza de instrucción para abordar el caso.
Adicionalmente, la defensa también apeló sobre el auto de apertura a juicio debido a la ausencia de pruebas reales de la existencia de delitos y de la participación de los imputados, pues señala que el único “elemento probatorio” de la acusación penal es la declaración de un testigo de referencia.
Juristas y organizaciones sociales han denunciado que se trata del relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que primero dijo que presenció los hechos y después que le contaron lo sucedido”.
El reconocido abogado de derechos humanos y director de la Asociación Tutela Legal “María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio, lo ha llamado “testigo de chambre”.
¿Qué respondió la Sala de lo Penal?
En la resolución suscrita por los tres magistrados que la integran, la Sala rechaza la excusa de la Cámara de Cojutepeque y le ordena resolver los recursos de apelación presentados por la defensa de los activistas antimineros.
Para la Sala, los recursos aún no han sido resueltos. De hecho, en noviembre de 2023, ante una apelación de la defensa basada en la Ley de Reconciliación Nacional, la Cámara se abstuvo de resolver el fondo de lo solicitado, alegando que no tenía suficientes elementos para hacerlo y recomendó que el punto se discutiera en la audiencia preliminar o en una eventual vista pública.
El recurso que la Cámara no quiso resolver planteaba que el caso -si existiera- no sería de lesa humanidad y, por tanto, estaría cubierto por la exención de responsabilidad penal incluida en la Ley de Reconciliación Nacional.
La Sala le recuerda a la Cámara que, aún si hubiera resuelto dicho recurso, hay otros tres sobre los que no se ha pronunciado: los referidos a la prescripción, la posible incompetencia y el auto de apertura a juicio.
Hasta este momento se desconoce si la Cámara ha cumplido la orden de la Sala y si ha resuelto los recursos de apelación en cuestión.
Se pospone la vista pública
Debido a estos procesos de apelación pendientes, el eventual juicio contra los defensores ambientales ha sido pospuesto para los días 8, 9 y 10 de octubre. Inicialmente estaba previsto para el 17, 18 y 19 de julio.
La Fiscalía General de la República acusa a cinco líderes de Santa Marta y a dos personas más de cometer un supuesto asesinato en 1989, durante la guerra civil salvadoreña, cuando eran combatientes de la Resistencia Nacional, una de las organizaciones guerrilleras que formaban el FMLN.
Trasfondo extractivista y revuelo internacional
Desde que inició, con las capturas el 11 de enero de 2023, el caso ha causado un gran revuelo nacional e interncional, especialmente porque detrás del jurídicamente débil proceso penal estaría la intención gubernamental de reactivar proyectos de minería metálica prohibidos por una ley aprobada por unanimidad en marzo de 2017.
Para centenares de organizaciones nacionales e internacionales, se trata de una criminalización del activismo ambiental y una instrumentalización del sistema judicial para favorecer intereses extractivistas.
250 organizaciones de 30 países han denunciado el caso como una persecución contra la resistencia antiminera. También, en julio de 2023, diecisiete congresistas de Estados Unidos llamaron la atención de su gobierno sobre este caso. Naciones Unidas, a través de su Relatoría Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, ha pedido la libertad de los ambientalistas.
La relatora Mary Lawlor se ha pronunciado en tres ocasiones, y en la última pidió expresamente al Estado salvadoreño que retire los cargos.
