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@JoakinSalazar
Por una interpretación incorrecta, los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon improcedente una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo 388, en el que la Asamblea Legislativa aprobó, por unanimidad, la emisión de bonos por $152 millones de dólares para el financiamiento de las Medidas Extraordinarias.
De acuerdo a la demanda de inconstitucional, el demandante, identificado como Herbert Danilo Vega Cruz, manifestó que el 28 de abril de 2016 se sometió a votación del pleno dicho decreto, pero no logró el quórum necesario para decidir. Sin embargo, el decreto fue aprobado con 84 votos el día 26 de mayo.
En tal sentido, el demandante interpreta que el dictamen favorable “no podía conocerse en la sesión plenaria ordinaria número 50 del 26 de mayo, sino hasta después de haber transcurrido los seis meses exigidos por el artículo 143 de la Constitución, contados a partir del 28 de abril”.
Para los magistrados de la Sala, dicha interpretación del demandantes es confusa, y no agregó ninguna prueba documental que sustente su demanda. Los magistrados establecieron que el planteamiento del ciudadano Vega Cruz carece de “fundamento objetivo suficiente”, pues se limita a afirmar supuestas irregularidades en el proceso de formación del decreto legislativo que autorizó la emisión de títulos valores.
De hecho, el demandante no da cuenta de dónde es que ha obtenido la supuesta información que ha comunicado a este tribunal ni ha identificado de manera precisa la fuente de la que provienen las irregularidades que denuncia.
“El ciudadano Vega Cruz ha interpretado la votación de la sesión plenaria del día 28 de abril de 2016, en donde el Pleno Legislativo no alcanzó el quórum para decidir, como una decisión de rechazo al dictamen favorable correspondiente”, explica la resolución.
Para la Sala ésta es una interpretación incorrecta, que tergiversa el contenido del vocablo “desechado” establecido en el artículo 143 de la Constitución, pues el hecho de que la Asamblea Legislativa no alcance el quórum necesario para la aprobación de un proyecto de ley no debe interpretarse como un rechazo tácito del mismo.
Estos fondos, son específicos para el apoyo a la seguridad, los cuales están destinados para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de seguridad de los salvadoreños.
Defienden resoluciones
En otros hechos, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez y Sídney Blanco defendieron su postura, afirmando que sus acciones están en el marco de la legalidad, y apegadas a la Constitución de la República.
“Hemos hecho imperar la constitución y el derecho internacional, y estamos tranquilos”, dijo Florentín Meléndez, en una entrevista televisiva esta mañana.
De igual manera, el magistrado dijo que hay que atenerse a las reglas del juego basadas en la Constitución y en las sentencias de la Sala.
Por su parte, Sídney Blanco dijo, en el tema de los diputados suplentes, estos deben someterse al mismo proceso de elección popular, tal como establecieron ellos mismos, en otra sentencia, con los diputados propietarios.
Además, los magistrados explicaron que las sentencias de los diputados suplentes está sustentada en los artículos 80 y 145 de la Constitución de la República.
En cuanto a los señalamientos, por la reunión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, con algunos miembros de medios de comunicación, Meléndez dijo “estamos dispuestos a reunirnos con todos los medios de comunicación para explicarles las sentencias”.
Asimismo, Meléndez dijo que continuarán ejerciendo pese alas amenazas, difamaciones y críticas a sus sentencias.
Para algunos sectores de la sociedad, las resoluciones afectan directamente a la población salvadoreña, puesto que los magistrados de la Sala no responden a intereses del pueblo, sino que a intereses de grupos de poder económico en el país.
En diversos puntos del país, y sobre todo en el gran San Salvador, han aparecido mantas cuyos mensajes recriminan a la Sala de lo Constitucional, por varias resoluciones que son contrarias a la Constitución o por el sistemático boicot financiero que los cuatro abogados de la Sala de lo Constitucional mantienen contra el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, y que al final afectan al pueblo.
Florentín Meléndez dijo “como miembros de la Sala hacemos todo el esfuerzo de que los efectos de una sentencia produzcan los menores impactos posibles”.
Las pasadas resoluciones del 13 de julio han dejado una marca en la población salvadoreña, y diversos sectores e instituciones de gobierno, principalmente a la población salvadoreña que la declaratoria de inconstitucionalidad de la emisión de bonos por $900 millones, afecta a los rubros de educación, seguridad y salud.
