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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El decreto legislativo en el que la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para que emitiera títulos valores de crédito hasta por la cantidad de 900 millones de dólares fue declarado inconstitucional, por no haber justificado el llamamiento de los diputados suplentes y porque el decreto fue aprobado por personas que no han sido electos por el pueblo. Así lo determinaron la noche de este miércoles los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según la sentencia, la Asamblea Legislativa violó exigencias constitucionales respecto del procedimiento de llamamiento de diputados suplentes; quienes, a su juicio, en el periodo 2012 – 2015 no fueron electos por voto popular, por lo que no puede emitir un voto en el pleno legislativo.
La Sala estableció que la aprobación del decreto ha defraudado la exigencia establecida en el artículo 131 ordinal cuarto de la Constitución, que determina la existencia de una causa justificada para llamar a un diputado suplente para que sustituya a un diputado propietario.
Además, la Asamblea ha transgredido directamente el contenido del artículo 148 inciso 2° de la Constitución, referente a la aprobación de los compromisos contraídos por lo menos con los dos tercios de votos de los diputados electos.
La Sala concluyó que, para aprobar el decreto sobre los $900 millones, el pleno legislativo manipuló el quórum, al utilizar la figura del diputado suplente para alcanzar indebidamente la mayoría necesaria para decidir.
