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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Aduciendo la vulneración a los principios de equilibrio presupuestario y universalidad establecidos la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Presupuesto del año 2017. motivo por el que ordenan que se tomen medidas antes del 31 de octubre.
Según la sentencia, la inconstiucionalidad es debido al desfinanciamiento del presupuesto, producto de la subestimación de los gastos previsibles e ineludibles, tales como el pago de la deuda previsional del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y del Instituto de Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA).
El demandante, explicó que la autorización de deuda flotante regulada en la Ley de Presupuesto se aprobó con los votos de 48 diputados electos y no con 56 votos como en realidad se requiere.
La Sala estableció que, debido a que el presupuesto 2017 ya se encuentra en ejecución, y que la invalidación inmediata del presupuesto podría producir efectos perjudiciales mayores a la situación financiera y fiscal del país, la Asamblea Legislativa deberá realizar las reformas y adecuaciones necesarias para cumplir la sentencia y corregir las violaciones constitucionales constatadas, a más tardar el día 31 de octubre de 2017.
Los magistrados ordenan al ejecutivo cuatro medidas a tomar, por ejemplo dejar de contratar personal y suspender contratos de personal. Por cierto, esto es lo que viene exigiendo el partido ARENA.
Está resolución, a juicio del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, es una resolución política con la finalidad de seguir bloqueando económicamente al Gobierno. Ayer la Sala inválido las reformas a la Ley para aumentar los CIP al 50%. Poniendo en riesgo la pensión para 175 mil personas.
De igual Manera, esta sentencia responde a las exigencias de la derecha oligárquica para controlar la forma de ejecución del Presupuesto General del 2017.
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