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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitieron dos demandas de inconstitucional contra la Ley de Presupuesto 2017. Las demandas son por la presunta vulneración al artículo 148 y 226 de la Constitución de la República, que establece el quórum mínimo para la aprobación de empréstitos voluntarios y el principio de equilibrio presupuestario.
En la primera demanda, Daniel Eduardo Olmedo Sánchez manifiesta que la deuda flotante a la que alude el artículo 5 de la ley constituye un préstamo por la vía de bonos, por lo que debe contar con los votos mínimos de la Asamblea Legislativa para su aprobación establecido en el artículo 148 inciso 2° de la Constitución.
La segunda demanda fue interpuesta por Salvador Enrique Anaya Barraza; en esta señala que en el presupuesto general de la nación se ha omitido prever “todos los gastos que deberá afrontar el Estado en el año 2017” pues no se han incorporado “cuatrocientos treinta millones de dólares”. De este modo, la falta de recursos para cubrir distintos rubros alcanza el “8.8%” del presupuesto.
En cuanto a medida cautelar, La Sala decretó «No ha lugar a la medida cautelar solicitada por el ciudadano, consistente en suspender la vigencia y aplicación de la Ley del Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales para el año 2017».
