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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional continuaron el miércoles en sintonía con el partido ARENA, en el nefasto y macabro plan de ahogar financieramente al Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, sin importar a quienes afecte directamente, en esta oportunidad a más de 175 mil jubilados.
Los de la Sala de lo Constitucional emitieron el miércoles un comunicado, en el que informan “que la reforma al artículo 91 letra m de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, aprobada por la Asamblea Legislativa el 17 de julio de 2017, contradice la mencionada sentencia”.
En efecto, el 17 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo citado en el comunicado de la Sala, con el que estableció que el límite del porcentaje que las AFP puedan invertir en Certificados de Inversión Previsional (CIP) sea del 50% y no del 45%, como lo establecía una reforma anterior.
En una resolución de inconstitucionalidad de fecha 23 de diciembre de 2014, sobre el mecanismo para calcular el interés de los dineros que las AFP otorgan en calidad de préstamo al Gobierno, para pagar las pensiones a los más de 175 jubilados, la Sala establece, usurpando el rol de la Asamblea Legislativa, que el techo límite de inversión en los CIP sea hasta el 45% del total de los fondos.
Hay que recordar que el Gobierno se ha visto obligado a solicitar préstamos a las AFP, de los fondos de ahorro de pensiones de los cotizantes, para pagar las pensiones a los jubilados que quedaron bajo la responsabilidad del Gobierno, cuando se privatizaron las pensiones.
Es de recordar también, que cuando se privatizaron las pensiones no se creó ningún mecanismo jurídico para que el Gobierno obtuviera cotizaciones o ingresos para pagar a los jubilados.
El mecanismo que los Gobiernos de ARENA utilizaron fue a través de préstamos a las AFP, por medio del Fideicomiso de Fondos de Pensiones. Hasta la fecha, el Gobierno le debe a las AFP más de 4 mil 500 millones de dólares, y que cada año necesita prestar entre 500 y 600 millones de dólares para cumplir el compromiso con los jubilados.
Y dado que el único mecanismo para pagar pensiones ha sido mediante la colocación de bonos o mediante los CIP, y ante la negativa de ARENA en dar sus votos para colocar bonos, y ante el boicot que realiza la Sala de lo Constitucional en las finanzas públicas, el Gobierno presentó hace más de un año una propuesta de reforma a la Ley del Fideicomiso Previsional que los diputados de derecha en la Asamblea se han negado a estudiar y aprobar.
La Sala, sin lugar a dudas, en su lógica perversa de afectar financieramente al Gobierno, ha negado nuevamente el mecanismo que desde la Asamblea Legislativa se aprobó para garantizar las pensiones a los más de 175 mil jubilados.
A la Sala no le importa la situación de los jubilados en El Salvador, con tal de defender los intereses de los dueños de las AFP y los del partido ARENA, aunque atente contra los jubilados.
