Sala de lo Constitucional denunciada por Prevaricato 

@JoakinSalazar

Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), interpuso, este día, una denuncia en la Fiscalía en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por el delito de prevaricato. Esto lo hizo, al considerar que se ha violentado el ordenamiento jurídico, «ellos (magistrados) dicen que no pueden conocer el fondo del asunto porque había una solicitud de recusación, pero pueden seguir tramitando el caso, como magistrados no pueden desconocer el derechos», dijo Ulises Rivas.

Rivas alega que el motivo de su destitución, pronunciado el pasado 24 de febrero, responde a la soberbia y su forma de actuar que no les permite racionalizar correctamente. La denuncia responde a la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de destituir al Magistrado del TSE, como medida cautelar, sin resolver una recusación interpuesta por Rivas.

«No tramitaron la recusación como indica la Ley, me afectan directamente mis derechos constitucionales, entre ellas las garantías judiciales relativas al debido proceso», explicó Rivas. Asimismo, se violaron derechos de defensa y a ser juzgado con objetividad y parcialidad; por lo que el abogado solicitó que se admita el proceso.

De acuerdo al escrito presentado por Rivas, la medida cautelar en su contra no fue bien fundamentada por los magistrados de la Sala, lo que la vuelve subjetiva y arbitraria, puesto que a su juicio no está sometido a un proceso con jueces imparciales.  También, Rivas  pidió que la Fiscalía proceda a realizar la respectiva investigación de los hechos ocurridos, además, que solicite a la Corte Suprema de Justicia el desafuero en contra de la magistrada suplente Sonia Varillas de Segovia.

De igual manera pidió que se proceda a solicitar un antejuicio contra Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González ante la Asamblea Legislativa, por acusárseles de haber cometido el delito de prevaricato, en perjuicio de la administración pública. El Magistrado del TSE enfrenta un proceso como tercero afectado, dado que se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de su nombramiento, presuntamente por estar afiliado a un partido político, hecho que niega rotundamente.