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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Constitución de la República de El Salvador establece que todos los salvadoreños son iguales ante la Ley, con derechos civiles sin restricciones por raza, sexo o religión; de igual manera los salvadoreños pueden expresar en libertad sus pensamientos, hechos que no pueden ser objeto a discriminación.
La Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD), gremio de abogados progresistas, con más de 1, 600 miembros, y con representación nacional, han sido uno de los sectores afectados ante las violaciones realizadas por la Sala al destituir a funcionarios de sus cargos.
Cinco abogados, pertenecientes a la UNAJUD, han sido destituidos de sus cargos públicos, por tener una ideología progresista, misma que es en oposición al sentir y pensar de los magistrados de la Sala.
Fuera de toda la seriedad, ante el conflicto que enfrenta, Jesús Ulises Rivas, miembro directivo de la UNAJUD, y último afectado de las resoluciones irregulares de la Sala de lo Constitucional, habló con Diario Co Latino, para evaluar la labor del máximo tribunal de justicia salvadoreño, esto fue lo que nos dijo:
– Desde el punto de vista como abogado y conocedor de las Leyes y Derechos fundamentales ¿Cuál es la evaluación del trabajo que realiza la Sala de lo Constitucional?
Muchas personas que apoyan las resoluciones y el trabajo que desarrollan los magistrados de Sala de lo Constitucional, consideran que la Sala ha dado buenas y malas resoluciones; resoluciones controvertidas y resoluciones apegadas a derecho. Da una buena y una mala; esto no lo decimos los críticos, lo dice la misma gente que los apoyan.
Cuando uno ve en los medios de comunicación a un analista político jurídico mencionando esto, que los magistrados emiten fallos que aquí lo hicieron de una forma correcta y en este otro caso lo hicieron de una forma incorrecta, entonces, uno dice el máximo tribunal de justicia en el país no está para equivocarse, no está para dar una resolución buena y una resolución mala, está para dar resoluciones apegadas a la a la Constitución y a la normativa legal vigente en el país, para eso está la sala de lo constitucional.
Si le han dado la tarea de ser los guardianes de la Constitución y Máximo intérprete, como humanos pueden equivocarse, pero por eso son un organismo colegiado, discuten analizan y se logran consensos, pero si los cuatro se ponen de acuerdo en hacer algo, que discusión hay; es lo que nosotros criticamos de la Sala.
– ¿Magistrados de la Sala violan la Constitución de la República con sus sentencias contra funcionarios progresistas?
Por supuesto, una persona, cuando es nombrada funcionario público no deja de ser persona, hay un conflicto de derechos, por lo que le asisten todos los derechos establecidos por la Constitución de la República y demás leyes. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se le da o se le nombra en un cargo público? se le exige Independencia e imparcialidad, esos son los dos valores en acciones jurídicas que deben de proteger y en el mismo funcionario eso es lo que debe de exigir, Independencia e imparcialidad de ahí no se le pueden violentar sus derechos, en una explicación más popular se podría decir una persona tiene derecho a tener su corazón, su ideología a tener su opinión.
Pero ¿Cómo evaluar la imparcialidad y la independencia de los funcionarios? lo vamos a evaluar observando y teniendo en cuenta cómo ha hecho su trabajo si ha perjudicado alguna persona o un grupo de personas, institución se puede dar la independencia pero no por el hecho de que ejerza su derecho fundamental, la Constitución nos dice claramente que nosotros tenemos derecho a la asociación libremente.
Además, tenemos derecho a ingresar a partidos políticos, formar nuevos, derecho a pensar, libertad de expresar nuestra opinión siempre y cuando no dañamos al orden público y nos vamos franqueando una serie de derechos que ahí están.
A los únicos que se le prohíbe hacer política partidista es a los jueces de carrera, jueces de la corte la Corte Suprema de Justicia, pero aun así ellos podían haber estado inscritos en un partido político, desde que son nombrados como jueces ellos deberían de suspender su militancia, pero ellos pueden tener su derecho al voto, tener simpatía o preferencia a un partido político.
Hasta ahora son 113 funcionarios a los cuales los magistrados de la Sala le han violado sus derechos. Cuando una persona se le da el cargo público selecciona la independencia e imparcialidad, esos son los dos valores y acciones jurídica que deben de proteger, de ahí no se le puede violentar sus derechos.
Otra violación es relacionado al debido proceso. He visto casos preocupantes, por ejemplo, en la resolución 35 del 2015, la que se inició por los préstamo de los $900 millones que separó a los diputados suplentes, ahí hubieron una serie de violaciones al debido proceso, a los diputados no les dieron el derecho a defenderse, a presentar documentos.
Los magistrados no tenía nada que ver, porque la Asamblea Legislativa qué emitió el decreto 1000, con los $900 millones, fue la del 2012 y ellos habían sido electos en el 2015, por sistemas electorales totalmente distintos, porque antes hacíamos preferencia y votamos por planilla y en el 2015 se hizo por rostro y haciendo marcas, fraccionando el voto, eran tus modelos totalmente distintos, por cierto reformados desde la misma Sala.
Los Magistrados han venido mutando la Constitución, ahora no basta la Constitución de bolsillo, sino que hay que cargar una maleta con todas las resoluciones de la Sala, para ver qué es lo que quiere decir la Constitución, y esto no es correcto, pero en esas condiciones jurídicas estamos.
Todas las personas que tienen un interés o participan dentro de un proceso se le debe de garantizar aquellas garantías que respeten el debido proceso cómo son audiencia y defensa o correrles traslado.
– ¿Existen leyes que prohíban que un funcionario público tenga una ideología?
Ninguna. Es mas, la Constitución dice que tenemos derecho a participar en los partidos políticos, formar o crear nuevos, la Constitución dice que no nos pueden discriminar por identidad política ideológica.
Tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, le exigen al Estado que le garantice los derechos a la participación política de todos los salvadoreños y de todos sus estados miembros.
No hay ninguna disposición que prohíba la participación política en nuestro país, al contrario, dice que participemos más en las cosas públicas.
Por ejemplo, estoy totalmente claro, en 2 años y medio que yo estuve en el Tribunal Supremo Electoral, como magistrado, se emitieron 652 resoluciones, de estas, el 91% Fueron emitidas por unanimidad, eso quiere decir con el voto concurrente de cinco magistrados, el otro 6.5% Fueron emitidas por mayoría calificada, con 4 votos y el resto el 1.90 fueron emitidos por 3 votos, es decir, no hay ninguna decisión que se haya tomado por un magistrado, el argumento que ellos ponen en decir que hay peligro, eso no existe.
– Este derecho es violentado con las resoluciones de los magistrados, ¿Qué se puede hacer ante esta decisión?
Lo que tenemos que hacer es exigir como abogados y conocedores de los derechos y de las leyes es que estos criterios de la Sala de lo Constitucional se revisen, porque este criterio puede dañar a la gente de ideología de izquierda como también de ideología de derecha.
Tener ideología no es malo, al contrario, te identifica como persona. Es mejor que te conozcan cómo una persona piensa. han violentado los derechos civiles y políticos contra 113 personas, no es correcto de que se violenten los derechos fundamentales de las personas.
Hemos estudiado la jurisprudencia comparada de grandes tribunales como el finlandés, alemán, español, portugués, italiano y Costa Rica, estos tribunales constitucionales tienen magistrados afiliados a un partido político con carnet y hasta aportando sus cuota, pero eso no los inhibe de que los magistrados pueden ser imparciales.
– A su juicio ¿Por qué la mayoría de resoluciones en contra de funcionarios, es contra personas con pensamiento progresista?
Cuando los magistrados fueron electos, por lo menos dos magistrados, Florentín Meléndez y Sídney Blanco, fueron apoyados por este grupo y gremio de abogados, fuimos a votar por ellos, no sólo los apoyamos, les defendimos sus votos.
Ahora, no compartimos lo que ellos están haciendo, estamos convencidos de que se están equivocando.
Llama la atención de porqué sólo personas con pensamiento progresista y con alguna identidad, no a un partido político, han sido apartados. La verdadera batalla de estás ideologías, derecha e izquierda, debe ser en las urnas ganándose el voto de las personas; pero la Sala tiene una persecución contra gente con pensamiento progresista y pensamiento de izquierda.
De los 113 casos, van cinco funcionarios de la UNAJUD, que nos van quitando. El primero fue Javier Bernal, no era miembro activo de la UNAJUD, pero si iba a nuestras reuniones; después quitaron a Tito Edmundo Zelada, el sí es director de la UNAJUD.
También a Raúl López, no es directivo pero si es miembro activo, a Ricardo Iglesias, él es asesor abogado y un buen jurista en Derechos Humanos, es una persona muy allegada al UNAJUD, tampoco es miembro activo, pero si nos ayuda bastante con su forma de pensar.
Y el quinto es de este servidor, lejos de desmotivarnos nos anima, porque sabemos que si nos atacan es porque algo estamos haciendo bien.
Estamos convencidos de que estamos por el camino correcto, de que la historia nos dará la razón y que tarde o temprano una nueva configuración de Sala puede revisar ese criterio, porque, denunciar estas irregularidades, no lo hacemos porque nos convenga a nosotros o por que le convenga a los abogados de pensamiento progresista.
– En su opinión, ¿existen intereses de terceros que afectan las decisiones de los magistrados?
Pensamos que se rompió en el 2009 un mandato constitucional, y es que la Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia y su Corte en Pleno debe ser renovado cada tres años en un tercio, cinco de los 15 que son, por lo que debe de guardar equilibrio de la corriente de pensamiento jurídico.
Desde que se nombró a los cuatro magistrados de la sala para nueve años no se ha renovado el pensamiento crítico, hemos estado condenado a 9 años a tener una sola forma de pensar y no se puede hacer cambiar una forma de pensar a alguien.
Vamos a ver la luz al final del túnel con otra configuración de sala, porque ahora le ha tocado a 113 personas que nos han afectado; pero no queremos que le pase eso a otras persona.
– Cuáles son los principales riesgos de que la sala de lo constitucional emite resoluciones contra funcionarios progresistas
Los riesgos que se tienen con esta Sala de lo Constitucional es que en primer lugar no se encuentra una justicia constitucional y que está dando un mal ejemplo a otros jueces y magistrados en la CSJ, porque si el máximo tribunal da resoluciones erróneas, un juez podría equivocarse, es un antecedente gravísimo con una resolución de sala.
Los verdaderos riesgos que tenemos es que nuestra evolución jurídica del país retrocede y tan malo es el antecedente que ya hemos perdido casos a nivel internacional; con los Bolsones, que nos lo quitó Honduras, porque Honduras es constante, tiene mejor evolución jurídica en materia del derecho internacional que nosotros.
Nosotros nos encerramos en la forma de pensar cuadrada que tenemos; La Asamblea Legislativa fue a la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Managua; esta dio una resolución favorable a la Asamblea, y estableció que la Sala se estaba excediendo, pero lo que hizo fue no aplicar la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, es decir, que la sala desconoció a la entidad, por lo que cualquier país podría utilizar esto en contra nuestra.
– ¿Qué esperarían ustedes como UNAJUD con los casos de destituciones y las denuncias interpuestas?
Como colectivo de abogados, nuestro mayor objetivo es poner el tema en agenda nacional, he visto los medios de comunicación, analistas jurídicos, unas evaluaciones favorables a nuestra causa, este es el debate jurídico que se espera, este es el legado que nosotros vamos a dejar a la izquierda y la derecha, que al funcionario se le exija Independencia e imparcialidad; pero no sólo de los partidos políticos, sino que de grupos económicos, religiosos.
Porque el funcionario no tiene que ser sólo independiente de partidos, sino que de otros factores de poder, los partidos políticos sólo son un vehículo para llegar al poder, los verdaderos actores del poder están en la religión, en las grandes empresas, con poder económico, en los medios de comunicación, están en los grupos de interés, están pujando al funcionario.
Cómo asociación de abogados esperamos que se revise ese criterio y que el tiempo nos dé la razón porque como abogados estamos claros, a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional no los vamos a cambiar.
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