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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) realizó un foro en el que buscó dar una análisis al posible cometimiento de prevaricato de parte del máximo tribunal del país, en contra de una empresa privada. Este podría ser el caso de QUIMAGRO.
Héctor Carrillo, Abogado constitucionalista de FESPAD, afirmó que la Sala de lo Constitucional ha vulnerado el acceso a la justicia para la empresa Quimagro S. A. de C. V. al modificar una resolución que ellos mismos habían emitido seis años antes.
“El Precedente que está sentando la Sala de lo Constitucional es bastante preocupante, para el derecho de la seguridad jurídica, para nuestra Constitución, en el marco de un proceso de amparo promovido por Quimagro, en el que estableció que la Sala de lo Civil debía reponer una Sentencia, lo cual hizo y resultó favorable para Quimagro, posteriormente la Sala de lo Constitucional, con la finalidad de darle seguimiento a sus fallos, entra a analizar la Sentencia por la Sala de lo Civil y llega al punto de dejarla sin efecto”, explicó Carrillo.
“Lo cual implica revivir la sentencia por lo que se declaró el proceso de amparo, misma que fue declarada inconstitucional por la misma Sala. Este es otro de los ejemplos de la excesiva discrecionalidad de que vienen actuando los magistrados, hay muchos efectos en torno a esto, porque la Sala al final ha favorecido a intereses vinculados del sistema financiero en este caso”, afirmó Carrillo. Para el abogado de FESPAD, la Sala de lo Constitucional no tenía ninguna facultad legal para dejar sin efecto la Resolución de la Sala de lo Civil.
“La Sala de lo Constitucional puede verificar la resolución de sus sentencias, y en este caso la Sala lo único que tenía que verificar es si la Sala de lo Civil emitió la sentencia que tenia que emitir, no valorar si era o no correcta, lo cual en efecto hizo, en revivir la resolución que ya se había emitido, afectando a la empresa Quimagro”, cuestionó Carrillo.
Antonio Vega, representante Legal de la empresa Quimagro, dijo que está ha sido victima de una resolución, en la que la empresa privada ha sido afectada por otra empresa privada. Además, reafirmó que los magistrados de la Sala han sido denunciados por el delito de prevaricato ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero esta no se ha pronunciado después de 200 días de haber interpuesto la denuncia. “La Sala botó un caso que data desde hace 33 años, lo iniciamos con un contrato que fue firmado y que no fue respetado por la institución financiera, el prevaricato es totalmente lo importante, porque posiblemente lo hayan podido cometer los magistrados en agosto del 2016, al revertir una sentencia de ellos mismos”, explicó Vega.
En cuanto al papel de la Fiscalía, Vega dijo que no ha habido respuesta, a más de 200 días. “Me imagino que está analizando, pero el señor fiscal no ha resuelto”, acotó.
