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@JoakinSalazar
“Queremos hacer un llamado a la razón, el país no merece esto, merece todas las condiciones para la gobernabilidad y la justicia”, fueron las palabras de Margarita Posada, representante de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), ante las últimas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucionalidad, las cuales nuevamente dan un golpe a la población más vulnerable.
Bajo el monumento a la Constitución de la República, el mismo lugar donde hace dos años se unificaron todas las organizaciones sociales en el movimiento ASGOJU, los líderes y representantes denunciaron las acciones tomadas por los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, decisiones que ponen en riesgo el pago para pensiones de 175 mil salvadoreños, como también anular el Presupuesto General de la Nación 2017, afectando directamente a trabajadores del Estado.
“Lo que nosotros consideramos es que El Salvador tenga que pagar por esa decisión política, muy desacertada de parte de la derecha oligárquica. Si se van a prestar al concierto de las derechas del país, ellos (magistrados) no se merecen estar en el cargo que están, a 25 años de paz, el país no merece tener una Sala que lejos de generar gobernabilidad, están generando un caos, una crisis por tener una agenda partidarista”, dijo Posada.
Para ASGOJU, las decisiones de la Sala de lo Constitucional son arbitrarias, abusivas y de doble moral, por lo que tomarán medidas en contra de los magistrados, bajo la campaña “desobediencia cívica y desacato popular”, planteada en una nueva demanda por actos arbitrarios y prevaricato ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De igual manera, pedirán a la Asamblea Legislativa la destitución de los magistrados de la Sala, pese a que esta Sala le queda un año para ser renovada y finalmente interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A la Asamblea Legislativa, ASGOJU pide que designe una comisión que investigue a los magistrados, “porque aquí ha habido prevaricato y luego que proceda a iniciar un procedimiento de destitución, porque a lo que están llevando al país es grave, son 175 mil personas y familias sin sustento, el problema tiene que ver con la vida”, enfatizó Posada.
Para las organizaciones sociales, la Corte Suprema de Justicia, en especial los Magistrados de la Sala hablan de austeridad, pero ellos al interior no se recortan el presupuesto, ni hablan de medidas de austeridad, puesto que circulan una serie de medida que realizan como la compra de chocolates y la compra de vehículos asignados a los magistrados.
