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@JoakinSalazar
Vengo a defender mis derechos civiles y políticos, y de todos los funcionarios afectados por los criterios de la Sala de lo Constitucional, así resumió el Magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jesús Ulises Rivas, al interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los magistrados de la Sala. Rivas interpuso una denuncia por el delito de prevaricato, sancionado en el artículo 310 del Código Procesal Penal. El citado artículo establece que “el Juez, a sabiendas dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o por soborno”, el cual se le atribuye a los magistrados Sydney Blanco, Rodolfo González, Belarmino Jaime y en su carácter de suplente a Sonia Barillas de Segovia.
La denuncia fue interpuesta al considerar que se ha violentado el ordenamiento jurídico. “Ellos (magistrados) dicen que no pueden conocer el fondo del asunto porque había una solicitud de recusación, pero pueden seguir tramitando el caso, como magistrados no pueden desconocer el derecho”, dijo Ulises Rivas.
Rivas alega que el motivo de su destitución, pronunciado el pasado 24 de febrero, responde a la soberbia de los magistrados de la Sala, como también su forma de actuar, lo cual que no les permite racionalizar correctamente.
Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco.
“Ellos, como magistrados deberían de responder porque la rapidez para apartarme del Tribunal Supremo Electoral, la única razón que ellos tenían para emitir una sentencia de este tipo, era si las condiciones variaban, pero no han variado en nada, creo que es su soberbia, su forma de actuar beligerante que los ciega y no los deja razonar, recalcó.
A juicio del Magistrado Rivas, la Sala de lo Constitucional debía de emitir resolución hasta que finalice el proceso que se ventila en su contra, no sin antes conocer la recusación, misma que no resolvieron.
“No tramitaron la recusación como indica la Ley, y se pronunciaron a través de un interlocutorio con la que no sólo cometen una ilegalidad, sino que me afectan directamente mis derechos constitucionales, entre ellas las garantías judiciales relativas al debido proceso”, explicó Rivas.
Asimismo, argumentó que se violaron derechos de defensa y a ser juzgado con objetividad y parcialidad; por lo que el abogado solicitó que se admita el proceso.
Según establece el escrito, la Sala de lo Constitucional especula que supuestamente Ulises Rivas tiene vínculos directos o formales con el partido político Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN), hecho que ha negado rotundamente el magistrado Rivas, dado que considera que tener una ideología progresista o de izquierda, no determina que es afiliado a una entidad política.
Para Rivas, la medida cautelar en su contra se toma sin ningún fundamento válido, pues únicamente de manera escueta e infundada se relaciona que él ha manifestado que apoyó a la fórmula presidencial de 2014. Este hecho no representa ninguna ilegalidad, ni inconstitucionalidad para el cargo de magistrado del TSE. “La Sala de lo Constitucional se ha excedido ilícitamente en sus facultades, y ha fundamentado irracional y gravemente la medida”, dijo.
De acuerdo al escrito presentado por Rivas, la medida cautelar en su contra no fue bien fundamentada por los magistrados de la Sala, lo que la vuelve subjetiva y arbitraria, puesto que a su juicio no está sometido a un proceso con jueces imparciales.
También, Rivas pidió que la Fiscalía proceda a realizar la respectiva investigación de los hechos ocurridos, además, en sus capacidades que solicite a la Corte Suprema de Justicia, el desafuero en contra de la magistrada suplente Sonia Varillas de Segovia.
De igual manera pidió que se proceda a solicitar un antejuicio contra Belarmino Jaime, Sydney Blanco y Rodolfo González, ante la Asamblea Legislativa, por haber cometido el delito de prevaricato, en perjuicio de la administración pública.
Rivas presentó, junto a la denuncia, los escritos presentados por Sala de lo Constitucional, donde emite la medida cautelar, como también, los escritos presentados a la misma por el magistrado Rivas, y la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde espera ser acompañado por otros ex funcionarios que se han visto afectados por los magistrados.
Ulises Rivas solicita a la Fiscalía que investigue los números de teléfono celulares y oficiales de los denunciados y se proceda a ubicar bitácoras de llamadas efectuadas y recibidas, para determinar si hay o no coordinación, con personas que pudieran haber influido en la decisión ilegal.
En este proceso, el magistrado aseguró que no es la persona demandada, sino que es tercero afectado, dado que el proceso en Sala de lo Constitucional es contra la Asamblea Legislativa y el decreto que lo nombró en el cargo en el TSE.
“Han resuelto desconociendo, inobservando y violentando el ordenamiento jurídico de este país, ante la imposición de una recusación que yo les hice a los magistrados, muy arbitrariamente me separan del cargo, y eso no puede suceder”, concluyó Rivas.
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