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@arpassv
El diputado de GANA, recipe Guillermo Gallegos, shop acusó ayer a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), buy tanque de pensamiento de la derecha oligárquica, de dirigir la “cacería de brujas” que impulsa la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de la Sección de Probidad.
Gallegos declaró que FUSADES y algunos diputados de ARENA seleccionan por conveniencia política a los ex funcionarios y funcionarios que la Sección de Probidad de la CSJ acusa de enriquecimiento ilícito.
“Tenemos información de que las reuniones para decidir sobre las auditorías (contra funcionarios y ex funcionarios) se hacen en FUSADES y en éstas participan diputados de ARENA”, señaló el legislador de GANA durante una entrevista televisiva.
El parlamentario disidente de ARENA también advirtió que uno de los principales propósitos (de FUSADES y ARENA a través de la Sección de Probidad de la CSJ) es enjuiciar al ex presidente Mauricio Funes como represalia por haber denunciado la corrupción de los gobiernos areneros y destapado el “Caso Flores”.
Para Gallegos, es llamativo que los diputados investigados por la Sección de Probidad fueron todos miembros de la comisión especial que investigó el destino de los millonarios donativos de Taiwán administrados por el ex presidente Francisco Flores.
Las declaraciones del diputado de GANA coinciden con los señalamientos del ex presidente Funes contra las actuaciones de la CSJ. El ex gobernante cuestionó la semana pasada a Belarmino Jaime y Sidney Blanco, magistrados de la Sala de lo Constitucional que decidían “por olfato” a quienes investigaba la Sección de Probidad.
El “olfato” de Jaime y Blanco sólo apunta hacia funcionarios y ex funcionarios de la izquierda gobernante y sus aliados. “Olfato” sospechoso que no percibe los (malos) olores de funcionarios y ex funcionarios de la derecha oligárquica.
Volviendo a las declaraciones del diputado Gallegos, éstas refuerzan la sospecha sobre la influencia y presión que ejercen FUSADES y otras instancias de la derecha opositora en las decisiones de la Sala. Por tanto, no deberían pasar desapercibidas y el país tendría que plantearse una auditoría de las actuaciones de los magistrados Jaime, Blanco, González y Meléndez.
