Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
La Sala de lo Constitucional volvió a mediar para resolver una controversia más entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, al declarar constitucional el Decreto Legislativo 661. Este decreto, que fue aprobado por el parlamento el 12 de junio de pasado, contenía dos importantes herramientas para enfrentar la pandemia: la primera, una ley de emergencia nacional y, la otra, sobre la apertura de la actividad económica controlada.
El Ejecutivo, a pesar de que desde antes del mes de junio viene cuestionando que la Asamblea Legislativa no le aprueba las herramientas para afrontar la pandemia y la apertura ordenada de la economía, que inició el 16 de junio, fue vetada por el presidente de la República. Estos vetos, desde la racionalidad, nunca se entendieron ni se entenderán, dado que no puede concebirse que la Presidencia, incluso, anuncia los vetos sin que las leyes hayan sido creadas, y así sucedió con el decreto 661.
El 661, en un 90 % de su contenido contiene artículos aprobados, incluso, por los representantes del Ejecutivo cuando, en maratónicas reuniones que duraron aproximadamente seis días en el Congreso, fueron discutidos y avalados, sin embargo, siempre fue vetado por el presidente Bukele.
Desde la racionalidad se deduce que, si la ley contemplaba elementos para afrontar la pandemia y elementos para la apertura económica, lo ideal hubiera sido observarla, pero no vetarla, aunque lo mejor hubiese sido sancionarla porque la misma contenía “las herramientas” o parte de ellas que el Ejecutivo reclama para enfrentar la pandemia y abrir nuevamente la actividad productiva de forma controlada.
Hoy que la Sala resuelve la controversia, una vez más a favor de la Asamblea Legislativa, quizá es tiempo de que el Ejecutivo de un golpe de timón hacia la legalidad, es decir, renunciar al recurso del veto, salvo, por su puesto, cuando este sea necesario por inconveniente a los intereses del Estado o que violente la Constitución.
De hecho, la Sala de lo Constitucional, en su resolución del miércoles sobre el decreto 661, hace un llamado al órgano Ejecutivo y más concretamente al presidente de la República a “no hacer uso del veto de forma abusiva, pues ello deforma el proceso normal de formación de ley y puede dar pie a mecanismos fraudulentos que afectan el Estado de Derecho”.
Por cierto, ha sido recurrente que cuando la Sala declaraba inconstitucional algún decreto legislativo, inmediatamente el Ejecutivo hacía otro con los mismos vicios del anterior, con la idea de que al presentarse algún recurso de inconstitucionalidad el decreto tenía vigencia hasta de un mes. Esto lo ha hecho una y otra vez el Ejecutivo, por eso es que se llegó hasta el decreto 33, hasta que la Sala hizo un “atarrayazo” y declaró inconstitucional un paquete de decretos, incluido uno de la Asamblea Legislativa.
Por la cantidad de decretos y vetos hechos por el presidente de la República, da la impresión que Casa presidencial ha pretendido legislar sobre el tema de salud y la economía a puros decretos ejecutivos, y si bien son válidos, esto no lo es si invade terrenos de otros órganos como las funciones propias de la Asamblea Legislativa.
A la hora de realizar este editorial, aún no se sabía si los representantes del Ejecutivo y el Legislativo iban a atender otro llamado de la Sala de lo Constitucional, en el sentido de llegar a acuerdos para hacer las reformas necesarias al decreto 661, para que el 24 de agosto, es decir, el próximo lunes, no se de una apertura total de la economía de forma desordenada.
Si bien la pandemia en El Salvador llegó a los picos más altos cuando se registraron 445 casos diarios, esto sucedió el 9 de agosto, varios días atrás, los casos diarios no eran menores a las cuatro centenas, no obstante, esos números han ido cayendo paulatinamente. El miércoles, por ejemplo, el número de casos fue de 247.
Si la tendencia es a la baja, lo lógico es pensar que a partir del lunes 24, si no hay una apertura regulada, los casos pueden volver a subir hasta la cifra diaria del 9 de agosto. Por eso, el llamado que hacen los especialistas de la medicina a los órganos en controversia a ponerse de acuerdo es oportuno, sobre todo hoy, que la Sala de lo Constitucional le da la razón a uno de los órganos, pero, además, los invita a ponerse de acuerdo. Ojalá y así lo hagan.
