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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informó la tarde de este lunes que admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por dos ciudadanos en contra de la convocatoria que el Consejo de Ministros hiciera a la Asamblea Legislativa para llevar a cabo una sesión extraordinaria el domingo 9 de febrero.
La admisión de la demanda, contempla a la vez, una serie de medidas cautelares, según se detalla en el comunicado difundido, se ordena al Consejo de Ministros el cese de los efectos de la convocatoria girada el pasado 6 de febrero y cualquier convocatoria relacionada con el tema de la aprobación de la negociación de un préstamo por $109millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual era el único punto a tratar en la sesión extraordinaria.
La Sala también ordena al presidente de la República, Nayib Bukele, se abstenga de usar a la Fuerza Armada para fines externos a los constitucionalmente establecidos “y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
El tribunal de constitucionalidad también exhorta a René Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional, y Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), a evitar realizar funciones o actividades a las que constitucional y legalmente no están obligados. Asimismo, la Sala dio un plazo de diez días hábiles al Consejo de Ministros para que rinda un informe como autoridad demandada.
La Sala de lo Constitucional también determinó improcedente la demanda en contra del llamamiento que el mandatario hiciera a la insurrección de la población, invocando el artículo 87 de la Constitución, puesto que lo hizo a través de un tuit en su cuenta personal Twitter, la instancia judicial considera que “no es objeto de control constitucional directo”. La institucionalidad del país se vio en peligro este domingo 9 de febrero, cuando el presidente del Ejecutivo, Nayib Bukele, exigió de forma amenazante a los diputados la aprobación de la negociación de $109 millones que serán utilizados para impulsar la fase tres del plan Control Territorial. El mandatario hizo ingresar a policías élite y militares a las instalaciones del Órgano Legislativo.
