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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor de más de 40 personas que se encuentran en centros de contención que presentaron un recurso de exhibición personal, y ordenó la liberación de quienes tengan más de un mes de confinamiento en dichos establecimientos.
Los magistrados dieron 48 horas al Ministerio de Salud (MINSAL) para liberar a personas que excedan los 30 días de permanencia en los albergues gubernamentales y posean pruebas negativas al contagio de COVID-19.
“Respecto a las personas, cuyo plazo de restricción de libertad excede de 30 días y tienen actualmente pruebas negativas a COVID-19, que sean inmediatamente conducidas a sus lugares de residencia, para cumplir con el resguardo domiciliar. Esto deberá ser cumplido en un plazo máximo de 48 horas desde el recibo de esta resolución”, reza la sentencia constitucional.
La resolución, además, contempla que de no ser acatada en el tiempo dispuesto por el tribunal de justicia constitucional, quienes administran los centros de contención gubernamentales se exponen a acusaciones por cometimiento de los delitos de privación de libertad y desobediencia.
Las autoridades del MINSAL se excusan en que durante su permanencia en centros de contención las personas tuvieron acceso a “lugares prohibidos” dentro de estos recintos y se expusieron al contacto con personas diagnosticadas con el virus, y es por ello que no pueden liberarlas, un argumento que resulta injustificado para la Sala.
Los magistrados cuestionan que mientras hay personas con más de un mes de permanencia en los albergues a quienes se les administraron pruebas para detectar COVID-19 que resultaron negativas, a otras solo se les ordenó de 7 a 15 días en estos centros.
La Sala señala arbitrariedades cometidas por personal de los centros de contención y del MINSAL, como represalia contra personas que guardan confinamiento en estos establecimientos que pide se les respeten sus derechos.
“Existe grave sospecha de un presunto comportamiento generalizado de algunas autoridades del gobierno de El Salvador, no solo evidenciado en este proceso, sino en varios de los que están siendo tramitados en este tribunal constitucional, refleja que un constante riesgo a los derechos de las personas que se encuentran a su cargo en centros de contención”, señala el escrito emitido por la Sala de lo Constitucional.
