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@arpassv
La Sala Constitucional violó los derechos políticos de Salomón Padilla y Tito Edmundo Zelada, ed ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, sovaldi respectivamente. Así lo estableció ayer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La Procuraduría establece que la Sala violentó a los abogados Padilla y Zelada sus derechos a optar y ejercer cargos públicos. Ambos ex funcionarios fueron destituidos de sus cargos por sentencias de inconstitucionalidad promovidas por entidades de derecha que los acusaron de pertenecer al partido FMLN.
La Sala también revirtió el nombramiento del ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, viagra Eugenio Chicas, a quien –sin embargo– le permitió terminar su gestión. El absurdo no pudo ser mayor: la Constitución manda que la Asamblea Legislativa elija a los magistrados propuestos por los partidos políticos, pero la Sala destituyó al entonces magistrado Chicas por pertenecer a un partido político.
Tales decisiones de la Sala responden a su “visión anti partidos políticos”. Aunque, curiosamente, sólo destituye a funcionarios vinculados a la izquierda gobernante. Hasta hoy la Sala no ha destituido a ningún funcionario por pertenecer al opositor partido ARENA: la demanda de inconstitucionalidad contra la elección del Fiscal General, Luis Martínez, ni siquiera la admitió.
Pero la Sala viola no sólo derechos políticos de personas individuales, sino también derechos colectivos. Su reciente sentencia sobre la Ley de Telecomunicaciones violenta el derecho a la comunicación del pueblo salvadoreño al perpetuar el actual esquema mediático corporativo, concentrado y antidemocrático.
La Sala absolutiza los “derechos adquiridos” de los concesionarios y pone las “inversiones realizadas” por encima de la libertad de expresión, la democracia deliberativa y la propiedad estatal del espectro radioeléctrico. Para la Sala los intereses privados prevalecen sobre el interés público, aunque la Constitución diga lo contrario.
Con resoluciones que avalan tratados de libre comercio o revierten medidas tributarias progresivas, la Sala defiende el modelo neoliberal en vez de construir el “orden económico con justicia social” que establece el Artículo 101 de la Constitución.
Los tristemente célebres magistrados Rodolfo González, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y Sidney Blanco deben ser interpelados por el país por asestarle –en el caso de la sentencia sobre la Ley de Telecomunicaciones– duros golpes a la democracia.
