La reducción global, que implica específicamente un recorte en el presupuesto de inversión, obedece a que se están terminando de ejecutar fondos de préstamos.
Mirna Jiménez
Diario Colatino
La ministra de Salud Pública y Asistencia Social Violeta Menjívar manifestó ayer que para 2018, el presupuesto de esa cartera de Estado tiene un incremento en el rubro de funcionamiento y rechazó que el Gobierno lo pretenda incrementar con préstamos como aseveran dirigentes y diputados de ARENA.
Menjívar dijo que el presupuesto de Salud para el próximo año en el rubro de funcionamiento estará financiado en un 98.5% con ingresos públicos, es decir, impuestos, y este lleva 14 millones de dólares más respecto a 2017, en su mayoría para pagar escalafón y aguinaldos.
“El presupuesto de inversiones en 2018 se ve afectado porque ya terminó el préstamo del BID, que quedó finiquitado en 2016, y el del Banco Mundial que el año pasado traía $40.8 millones, ya para este año solo lleva $9 millones”, explicó la funcionaria.
Menjívar dijo que si la oposición en la Asamblea quiere mejorar el presupuesto de Salud, que sería por el lado de las inversiones, debería aprobar los préstamos conocidos como BID 2, que incluyen créditos para el nuevo hospital Rosales y el de la zona norte, además para el mejoramiento de unas 50 instalaciones de salud del nivel 1.
La ministra añadió que se ha programado para el próximo año 10.2 millones de dólares para la entrega del Escalafón para los trabajadores de ese ministerio. “Los trabajadores van a tener su escalafón, la propuesta es que se inviertan 10.2 millones”.
Menjívar manifestó en el espacio de entrevistas de canal 12 que los trabajadores de Salud con sueldos arriba de los 1000 dólares tienen programado un incremento del 3%, mientras que quienes ganan abajo de esa cantidad tendrían un aumento del 4%, según lo refleja el presupuesto general de la nación entregado a la Asamblea.
Los empleados del ministerio exigen un incremento del 8%, como establece la ley del escalafón de Salud, sin embargo, la ministra manifestó que por las limitantes presupuestarias no es posible implementarlo de esa forma porque se necesitarían para ello $32 millones y el Gobierno está obligado por ley a reducir los gastos y bajar el déficit fiscal.