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Carlos Mario Máquez
El Mozote/AFP
“La justicia es la única que puede resarcir el pesar por nuestros muertos”, dice Dorila Márquez en el inicio de los actos para conmemorar este sábado 35 años de la masacre de El Mozote, cometida por el ejército salvadoreño contra más de 1.000 civiles en 1981.
Los ojos claros de Dorila se humedecen al recordar que diez miembros de su grupo familiar inmediato fueron asesinados, entre ellos su madre Clementina Argueta, su padre Cesario Márquez y su hermana Hilda, el esposo de ésta y sus dos niños.
Sin embargo, a Dorila, una mujer de 60 años, de piel blanca y 1,70m de estatura, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote, la nostalgia no la ha derrotado.
“Para mí es doloroso recordar, pero nuestros muertos nos dan la fortaleza para no dejar morir la historia de esta terrible masacre en la que ni los niños se salvaron”, declaró Márquez a la AFP.
Coreando la consigna “El Mozote nunca más”, la pequeña comunidad, ubicada unos 200 km al noreste de San Salvador, comenzó el viernes los actos conmemorativos para rendir homenaje a las víctimas.
Las últimas 21 osamentas identificadas en 2015 llegaron en pequeños ataúdes de color blanco con un listón negro para ser sepultadas en cantones adyacentes al poblado.
La masacre de El Mozote fue perpetrada entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), por tropas del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército, cuyos miembros arremetieron contra niños, mujeres, ancianos y algunos hombres, acusándoles de colaborar con la guerrilla.
“Queremos decirle al mundo, que han pasado 35 años, pero seguimos recordando a nuestros familiares”, comentó por su parte Vidal Pérez, quien fue compañero de vida de Rufina Amaya, la única sobreviviente y testigo “in situ” de la masacre en la que vio morir a sus cuatro hijos. Amaya murió de un paro cardíaco el 7 de marzo de 2007. Una Comisión de la Verdad creada en 1993 por la ONU para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto, culpó de la masacre al comandante del Batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, al jefe de operaciones Armando Azmitia y a otros seis oficiales.
Monterrosa y Azmitia murieron a 5 km de El Mozote el 23 de octubre de 1984, a bordo de un helicóptero saboteado por la guerrilla.
Las autoridades no han logrado hacer justicia por esta masacre, cuya crueldad conmovió al mundo. Todos los civiles fueron asesinados por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda en el poder desde 2009).
“El camino para terminar con la terrible impunidad de 35 años se inició porque buscar la justicia es un derecho constitucional que se les negó a los familiares de los masacrados”, declaró a la AFP, Ovidio Mauricio, coordinador de la oficina de Tutela Legal María Julia Hernández.
Después de una lucha “infructuosa” de tres décadas, Mauricio celebra que se haya abierto un proceso contra los militares imputados, luego que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró en julio pasado inconstitucional una ley de amnistía que perdonó en 1993 los crímenes y que impedía investigar la masacre.
En diciembre de 2012, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado salvadoreño por la muerte de los más de mil civiles desarmados, entre los que figuraban unos 450 niños.
Desde septiembre pasado, un juez de San Francisco Gotera, en el noreste del país, acordó abrir el caso para enjuiciar a todo el alto mando militar de la época, encabezado por el general José Guillermo García.
