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Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de EL Salvador, períodos 2012-2015 y 2015-2018.
A estas alturas del debate sobre la reforma de pensiones las cartas están tiradas por los diferentes sectores que tienen que ver con el tema; el gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén y el FMLN han hecho su propuesta concreta, las AFP junto a la ICP y la oposición política (ARENA; GANA; PCN Y PDC) presentaron iniciativas de reforma y un experto internacional, actuario ha dado opinión sobre cada una de estas desde el punto de vista técnico.
Las propuestas tienen coincidencia y diferencias, las diferencias están centradas en el beneficio que se busca tanto para los trabajadores como para los dueños de las AFP y por supuesto el interés del Gobierno con el FMLN para resolver la problemática generada con la privatización de las pensiones en 1998 por el partido ARENA de una pensión injusta y una cobertura muy baja que solo favorece las ganancias de las AFP.
La privatización inicia en 1998 y ya para el 2001 se habían terminado las reservas técnicas y luego se empezó a pagar con deuda adquirida con Eurobonos, Certificados de Inversión Previsional CIP que a la fecha no tiene un paro ni reversa, va al infinito para los gastos del gobierno sino hay una reforma que detenga dicho proceso.
Hay que recordar que el Estado responde por el pago de las pensiones públicas (SPP), por los Certificados de Traspaso CT, por los Certificados de Traspaso Complementarios CTC, por las pensiones mínimas que hoy por hoy son de $207.60 que corresponden a trabajadores que tenían salarios bajos o de quienes terminaron sus ahorros y a quienes por ley les corresponde una pensión mínima; El Estado responde por todo y el único ingreso que recibe son las cotizaciones de la minoría que decidió mantenerse en el sistema público, lo cual no alcanza para cubrir todos los compromisos señalados.
La única alternativa para pagar pensiones es con más préstamos o nacionalizando el sistema previsional y eso solo es posible si hay voluntad política de la oposición política partidaria y el inicio de una lucha social permanente de la clase trabajadora y de los pensionados para exigir que se legisle a favor de las grandes mayoría y no de las minoría que se benefician de la cotización de los trabajadores aglutinados en la AFP.
Con los análisis actuariales queda claro que la propuesta del Gobierno y del FMLN “se transparenta la deuda y establece un mecanismo de pago seguro y que la propuesta de las AFP obliga a los pensionados y cotizantes a aportar para ese pago. Lo más crítico es el costo que se hace recaer en forma de aporte sin contrapartida, equivalente al 5% del salario de cada cotizante. Mientras la propuesta del GOES reconoce el 100% de los aportes, reduce el monto máximo de pensión, reduce las ganancias de las AFP y las pensiones de lujo que están por hacerse efectivas”, he ahí las diferencias y a quien se favorece.
Con la nueva propuesta “la deuda estatal olvidada estos 21 años se empezaría a pagar con el 5% del presupuesto de cada año, así como el pago de la deuda de los CIP. El resultado será seguridad de los ahorros del trabajador, seguridad de pago en todo tiempo y mejor pensión resultante de aumentar el ahorro, así como de disminuir la comisión y el monto de pensión máxima”.
Según el actuario en la propuesta del GOES, donde se utilizan los recursos, pero sin emisión de instrumentos de deuda en los mercados, pero eso no significa que el Estado se desentienda, sino queda registrada esa deuda y queda el Estado comprometido a pagar todos los beneficios. Ahora, la propuesta de la oposición tiene otra idea, establece esa cuenta de garantía solidaria y de esa cuenta de garantía solidaria se destina, de acuerdo con una tabla, se establece, se dice, el aporte es un 2% de esa cuenta de garantía, pero hay una tabla transitoria, donde se comienza con un 5% y se llega a un 2% en el 2050.
Entonces, para el actuario, esos recursos que se traslada a la cuenta de garantía solidaria no forman parte de la cuenta de capitalización ni de cuentas de registro del trabajador, salen del sistema y constituyen una carga al trabajador para financiar la seguridad social. Es decir, de esa cuenta que es el 5% en concepto de aportaciones, que es menor al ocho anterior, no se cubren todas las obligaciones del Estado, o sea, se traslada al Estado.
Para el actuario, la propuesta del gobierno ofrece mayores beneficios, ofrece, promete la restitución de los aportes y rendimientos íntegros a los trabajadores para la determinación de beneficios. La propuesta de la oposición detrae esos cinco puntos de aportaciones, que se destinan a reducir el déficit.
Hay que tener presente que actualmente los cotizantes son 711, 714, de estos 701, 714 cotizan a las AFP (99%), 10,000 cotizan en el INPEP y en el ISSS (1%); los pensionados son estimados oficialmente en 175, 000. 105, 000 del INPEP-ISSS (60%). El pago es de 450 millones al año; 70,000 de las AFP (40%) de estos 30, 000 son optados ($150 millones al año).
Es importante tener presente que de cada 100 cotizantes el sistema público solamente tiene uno y los otros 99 cotizan en las AFP. El sistema público paga 60 de cada 100 pensionados; las AFP pagan 40 de cada 100 pensionados. El pago de pensiones del Estado es de 400 millones al año.
Hay que tener presente, que el Estado comenzó a pagar pensiones desde la privatización del sistema con préstamos por no tener suficientes cotizantes, la deuda acumulada llega a $4, 496 millones; por ello la reforma es impostergable.
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