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Nelson Quintanilla*
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, invalidó el día 26 de julio las reformas que los diputados hicieron a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones para pasar de 45% a 50% la capacidad de préstamo al gobierno para el pago de los CIP, según ellos, por considerar que se pone en riesgo el dinero de los cotizantes al subir el techo del FOP del 45 al 50 por ciento. Esto por supuesto es un pedido de los dueños de las AFP a través de sus presta nombres para presentar los pedidos de inconstitucionalidades que les conviene a sus intereses económicos.
Lo que significa que con dicha sentencia emitida de manera exprés, el Gobierno no va a poder utilizar cerca de 500 millones de dólares para saldar pagos con los jubilados y que están próximos a vencer, es decir la Sala está matando en vida a los jubilados ya que con la privatización de las pensiones se dio el Robo del Siglo de las cotizaciones a los trabajadores.
En la sentencia se expone que el establecimiento de un límite máximo del 45% de la inversión de los fondos de pensiones en Certificados de Inversión Provisional (CIP) es constitucional, ya que si bien restringe el ámbito y las posibilidades de ejercicio de la libertad de contratación, permite el financiamiento de las pensiones del Sistema de Pensiones Público y deja un margen de acción a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para procurar una inversión más rentable del resto de ahorros previsionales que administran y gestionan, es decir, el 55% restante.
Estos señores olvidan que las AFP ofrecieron mejorar pensiones de los trabajadores y una mayor cobertura lo cual no resultó cierto, este sistema ha colapsado, ya ha fracasado como en otros países, por lo que se hace necesario hacer una reforma profunda que mejore la rentabilidad, la cobertura y evite el endeudamiento del Gobierno.
La finalidad de la reforma aprobada la semana pasada y sancionada hace 24 horas antes de conocer la sentencia de la Sala, es que el gobierno tenga más disponibilidad sobre los ahorros previsionales que administran las AFP para cubrir los próximos compromisos de pago de pensiones de los jubilados en el sistema público. Ahora los jubilados quedan a la deriva puesto que el Gobierno no tiene ninguna fuente de ingreso para pago de pensiones, esta situación los llevará a aguantar hambre mientras no haya una forma de pago.
Con esta sentencia, el pago de las pensiones de unos 200 mil jubilados del sistema público, se podrían ver afectadas a partir de agosto, debido a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este miércoles dejó sin efecto las reformas que se hicieron al Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) y por medio de las cuales, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, ya no podrá hacer uso de unos 500 millones de dólares para honrar parte de sus deudas. Los dueños de la AFP se ríen, mientras el pueblo jubilado sufrirá hambre y pobreza con esta medida.
Esta sentencia es un nuevo golpe a la inversión y economía para el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén y el pago de las pensiones, el cual afecta directamente a la población. Esta tarde, los Magistrados de la Sala de lo Constitucional establecieron que la reforma al Fondo de pensiones, aprobada el pasado 18 de julio en el que establecía que el Gobierno podía tomar el 50% de los fondos de Pensiones en Certificados de Inversión Provisional (CIP), queda inhabilitada, al considerar que viola una sentencia previa del máximo tribunal.
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta por Francisco Javier Argueta Gómez, mediante la cual solicita se declare la inconstitucionalidad, por supuestos vicios de forma y contenido, el decreto que reformó el artículo tres inciso primero de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. De acuerdo al demandante “el Decreto vulnera el principio de publicidad parlamentaria, la exigencia Constitucional de mayoría calificada en la aprobación de préstamos y el derecho a la seguridad jurídica en relación con el derecho a la seguridad social”.
El Ejecutivo ha hecho propuestas que buscan implementar un sistema de pensiones basado en equidad e inclusión, brindando seguridad jurídica y sostenibilidad a la pensión mínima vitalicia de los cotizantes, además pretende mejorar la rentabilidad de las pensiones a través de un sistema mixto. Sin embargo, la derecha en general se opone porque eso no beneficia a los privados, es decir a las AFP y buscan hacer una reforma que asegure el negocio de los privados sin importar que el gobierno no tenga para pagar a los jubilados.
En de recordar que, al no recibir cotizaciones para pensiones, el Gobierno, desde que era presidente Elías Antonio Saca, recurrió a un Fideicomiso de pensiones, lo que permitió obtener de los Fondos de Pensiones que administran las AFP, un aproximado de $400 millones al año para pagar a los pensionados. En ese entonces la Sala no decía nada porque eran los mismos intereses que defendían.
En 2006 se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), con el que se emiten Certificados de Inversión Previsional (CIP) que las administradoras de fondos de pensión (AFP) deben comprar para hacer frente a las pensiones.
No omito manifestar que la ANEP, que junto a ARENA y cuatro abogados de la Sala de lo Constitucional mantienen una estrategia permanente de bloqueo financiero al Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, presentó la tarde del viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Fideicomiso aprobada el jueves por el FMLN, GANA, PDC y PCN.
Ahora el Gobierno, el FMLN y los demás partidos políticos deben trabajar por buscarle solución al problema de los jubilados.
*Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa del FMLN en representación del Departamento de San Miguel, 2012-2015 y 2015-2018.
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