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*Nelson Quintanilla
ALGUNOS ANTECEDENTES:
El sistema electoral salvadoreño ha cambiado sustancialmente a partir de una serie de sentencias de la Sala de lo Constitucional, que habilitó el sistema de listas abiertas (popularmente conocido como “voto cruzado”) y las candidaturas no partidarias. Con ello, en teoría el rol de los candidatos individuales y sus propuestas han generado algunas expectativas y muchos de ellos ya no se limitan a trasladar las ideas y propuestas a direcciones partidarias. El Artículo 85 de la Constitución establece que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, cuya organización y funcionamiento deben sujetarse a los principios de la democracia representativa. Es así que el constituyente optó por un sistema de partidos para organizar la democracia salvadoreña, otorgando a estos institutos un rol trascendental. Sin embargo, las candidaturas no partidaria rompen ese principio constitucional.
A pesar de las malas intenciones de la Sala, la jurisprudencia constitucional ha señalado, en la sentencia de inconstitucionalidad 11-2004, que los partidos políticos son entidades que cumplen la función constitucional de contribuir a conformar la voluntad política del pueblo. Así, los partidos políticos son grupos formados libremente por ciudadanos que buscan defender intereses propios y cuya finalidad es alcanzar el poder, ejercerlo y desarrollar un programa político. Dichas personas comparten una ideología o un conjunto de creencias sobre aspectos políticos y socioeconómicos, que aspiran a influir en la formación de la voluntad estatal. Además, la Sala de lo Constitucional establece (en la sentencia de inconstitucionalidad 61-2009) que los partidos políticos son “instrumentos cualificados de la representación política”, en el sentido de que sirven para recoger las demandas sociales y presentarlas a toda la población, para que esta vote a favor.
Con base en lo anterior, los partidos políticos se establecen como instrumentos de la democracia; por tanto, estos deben seguir procedimientos internos de forma democrática, cabe preguntarse: ¿si todos los partidos políticos en El Salvador son realmente democráticos en su organización interna? La historia responde que no. La dirección algunos de los partidos políticos no ha variado mucho en su integración después de la firma de los Acuerdos de Paz, ya que aplican procedimientos internos que no permiten la alternancia o diversificación en los cargos de dirección; además, se mantienen algunos poderes fácticos con capacidad de influir en el proceso de decisión de asuntos trascendentales. Por otra parte, los mecanismos de elecciones internas para optar a candidaturas en la Asamblea Legislativa o Consejos Municipales son impuestos en muchos casos, ya que no ofrecen garantías de inclusión a todos los miembros.
Tampoco existe total transparencia en la financiación de las actividades de algunos partidos, y en algunas decisiones internas; en muchas ocasiones, se toman de forma arbitraria por un pequeño grupo.
A pesar de la existencia de una Ley de Partidos Políticos, en la sentencia de inconstitucionalidad 43-2013 se declaró la inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Legislativa de regular en dicha ley algunos de los mandatos derivados del derecho de acceso a la información y de los principios de transparencia y de democracia interna de los partidos políticos. De aquí nace la necesidad de regular y garantizar procesos de democracia interna de los partidos políticos en El Salvador.
CONCEPTO DE DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:
Hay que partir del hecho que los partidos políticos son estructuras complejas, junto a las cuales como totalidad intervienen tres factores sociales diferentes: los miembros del partido, los órganos de dirección partidaria y el pueblo organizado y no organizado que espera de estos, acciones orientadas a satisfacer las necesidades del mismo.
Entenderemos por democracia interna de los partidos políticos todo aquel conjunto de procesos y disposiciones normativas y medidas políticas tendientes a garantizar aspectos tales como: selección de las dirigencias a diferentes niveles a través de las bases; la designación de las candidaturas de elección popular; la determinación de las plataformas de gobierno a diferentes niveles con participación de la membresía; garantizar el financiamiento de los partidos con apoyo de sus bases y la autogestión de los mismos; garantizar la representación proporcional por género y el tutelar los derechos fundamentales de los miembros del partido mediante la existencia de controles internos y externos que no violenten la autonomía de los partidos.
En el caso salvadoreño la democracia interna de los partidos políticos se basa en procesos en los cuales las bases de los partidos deben participar directamente en la definición de candidaturas de elección popular y en cargos de dirección interna en sus diferentes niveles.
También se ha contemplado aspectos de trasparencia en el financiamiento de los partidos, así como de rendición de cuentas y la inclusión de una cuota del 30 % de género en las estructuras de dirección y en los cargos de elección popular.
La democracia interna no debe entenderse como un proceso de enfrentamiento interno de los partidos por cuotas de poder puesto que se autodestruirían y la democracia se debilitaría o tendría un camino de desaparición que permitiría la instauración de la dictadura como régimen político que ya han practicado las sociedades y no ha dado los mejores resultados, por tanto, es necesario que los integrantes de los partidos respeten las reglas y además comprendan que hay fuerzas extrañas que desean la autodestrucción de los partidos.
La democracia interna de los partidos no debe ser vista como mecanismo de competencia interna sino como mecanismo de selección de los mejores hombres y mujeres incluidos jóvenes con liderazgo, honradez y fidelidad al proyecto político de cada partido y sobre todo conciencia de atender las demandas sociales y que desde la política se contribuya a resolver los principales problemas de país y no beneficiarse del cargo público para mejorar la vida particular de quienes reciben apoyo del partido y del pueblo.
*Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa del FMLN en representación del Departamento de San Miguel, 2012-2015 y 2015-2018.
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