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Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
El día a día de las salvadoreñas y población LGTBIQ+, en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19, está caracterizada por la preocupación de cómo tener la “alimentación del día”, el desarrollo de trabajos precarios y por el riesgo de enfrentar violencia.
Así lo afirmó la Colectiva Feminista para el Desarrollo, en su estudio “Situación de las mujeres en el marco de la emergencia por COVID-19”, donde expone que la falta de políticas públicas orientadas a reducir la violencia de género en El Salvador y los problemas estructurales preexistentes se han evidenciado aún más con la pandemia.
De 969 personas encuestadas, solo el 36 % manifestó que enfrentaba violencia en sus hogares; sin embargo, aseguró que “muchas expresaron que no podían contestar en ese momento, ante la presencia de su pareja”. Más del 81 % brindó su número telefónico para que las encuestadoras hicieran seguimiento a su situación.
Entre el 21 de marzo al 31 de julio, la Colectiva brindó 189 asesorías legales, en las que las mujeres manifestaron recibir algún tipo de violencia, como psicológica, sexual, económica y física. La mayoría de mujeres asesoradas rondaban entre los 19 y 30 años.
La activista Morena Herrera lamentó el papel del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer en el contexto de esta pandemia, el cual calificó como “muy pálido y deficiente”; no obstante, aclaró que, aunque es la institución rectora, no es la única a la que le corresponde garantizar los derechos de las mujeres, sino que a todo el Estado salvadoreño.
Respecto al ámbito laboral, más del 60 % dijo dedicarse al sector informal. Un 28 % afirmó desempeñar trabajos temporales, el 22 % trabajo doméstico y de cuidados, sin remuneración; mientras que el 12 % dijo realizar trabajo doméstico y de cuidado, con remuneración, fuera de sus hogares.
“Sus trabajos se caracterizan por condiciones de precariedad, son infravalorados y en riesgo de despido”, señaló la Colectiva Feminista, la cual indicó que “la precariedad ante la crisis COVID-19 se evidencia, pues el 67 % de las personas encuestadas respondió que no cuenta con ingresos para solventar sus necesidades alimenticias, pago de servicios básicos y cumplir con medidas de prevención, como la compra de mascarillas”.
A ello se suma que el 47 % de las personas manifestó no haber recibido ningún tipo de ayuda. “Solo el 28 % recibió ayuda del Gobierno o alcaldías. Un 19 % ha recibido apoyo de organizaciones no gubernamentales, los demás sobreviven con apoyo de familia o amistades”, dijo. Cabe destacar que el 61.3 % de mujeres respondió estar pasando las medidas de confinamiento con sus hijos e hijas, pero solo el 3 % reciben mensualidad de cuota alimenticia.
“Los resultados de este proceso muestran la realidad y las diversas formas de cómo las personas enfrentan la emergencia sanitaria COVID-19. Por ello no habrá una sola forma de resolver las problemáticas, hay que prestar atención a las necesidades generales y específicas de la población”, detalló la organización.
Agregó que “las afectaciones en la salud mental que la cuarentena ha provocado a las personas son principalmente estrés, tristeza, angustia, ansiedad, irritabilidad, ira y miedo, emociones que no contribuyen a generar una estabilidad emocional, generando que más de la mitad de las personas encuestadas no logren tener tranquilidad y, por tanto, condiciones favorables para la resiliencia emocional”.
Al preguntar si durante la cuarentena han percibido afectaciones en su salud mental, el 68.1 % indicó que ha sentido estrés; tristeza el 51.9 %; angustia 49.4 %; ansiedad el 26.9 %; irritabilidad 19.3 %; e ira 11 %. Las 969 personas que respondieron la encuesta -en línea- son de al menos 90 municipios, de 12 departamentos del país, siendo el 65.4 % del área rural y el 34.6 % del área urbana.
