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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Este 14 de octubre es el segundo aniversario de la canonización de monseñor Oscar Arnulfo Romero, “Voz de los sin voz”, primer santo y un salvadoreño del mundo. Su asesinato aún no ha sido esclarecido, ya que las investigaciones no avanzan, mientras los culpables siguen en la impunidad.
El magnicidio ocurrió el 24 de marzo de 1980, en la pequeña capilla del Hospital Divina Providencia, en horas de la tarde, mientras el arzobispo de San Salvador, ofrecía una misa a la memoria de la familia Pinto.
El Informe de la Comisión de la Verdad presentado luego de la firma de los Acuerdos de Paz, da cuenta que el mayor Roberto d’Abuisson dio la orden a su «Escuadrón de la Muerte», de asesinar al arzobispo Romero, cuando en su última Homilía del domingo, pidió a los soldados no obedecer órdenes para asesinar al pueblo salvadoreño.
Este 14 de octubre, también es la reunión preparatoria de las partes procesales, que esperan programar las iniciativas de investigación y sanción de los culpables intelectuales y materiales de los desafortunados hechos.
La reunión se da en el marco de la reunión previa con la comisionada Margarette May Macaulay, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), quien señaló que el Estado salvadoreño debe investigar el asesinato de monseñor Romero, con “diligencia debida para que la verdad salga a la luz”, así como revelar los hechos y que los responsables sean sancionados, después de un juicio, y fue enfática en señalar que “eso no ha sucedido”.
La reunión de seguimiento de la sentencia de la CIDH, sobre el caso del magnicidio de monseñor Romero, también marcó un período de tiempo para cumplirlo.
La comisionada Macaulay dio sesenta días a las partes involucradas en el proceso judicial, para agilizar la investigación del magnicidio.
“El Estado salvadoreño no ha presentado ningún plan concreto, y es una de las cosas que quiere la Comisión (CIDH), y que sostenga diálogos con los peticionarios y con la sociedad civil para llegar a un plan”, aclaró la comisionada Macaulay, en la reunión de supervisión de la sentencia.
La magistrada Macaulay aclaró que comprendía que ha pasado mucho tiempo desde que se cometió el crimen, pero argumentó que esto no era culpa de la familia de la víctima o peticionarios, sino el resultado de acciones del Estado salvadoreño, que impuso la Ley de Amnistía, para aplicarla a casos de crímenes de guerra que no prescriben en el tiempo.
