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Redacción Nacionales
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La comunidad Santa Marta denuncia más persecución y advierte sobre posibles nuevas capturas. Así lo expresan varios de sus pobladores que hablaron con Diario Co Latino y cuyos nombres este medio no citará para proteger su integridad.
En el marco de una visita realizada por un grupo de académicos, analistas y activistas invitados por un medio televisivo, un equipo de este periódico conversó con una decena de pobladores de esta comunidad histórica de ex combatientes y exiliados de la guerra civil salvadoreña ubicada en el departamento de Cabañas.
Todos coinciden en tres cosas: hay un acoso y hostigamiento creciente contra la comunidad; más líderes comunitarios podrían ser capturados; y los ambientalistas actualmente criminalizados podrían ser acusados y detenidos nuevamente en caso de quedar libres en la repetición de la vista pública la próxima semana.
“La comunidad está en la mira de este gobierno; la quieren destruir porque les estorba y la consideran un mal ejemplo”, dice uno de los pobladores. “Una comunidad organizada, que promueve el desarrollo comunitario, mantiene su memoria histórica y defiende el medio ambiente es un mal ejemplo para ellos”, sostiene.
Este poblador señala que en la comunidad aparecen vehículos y personas desconocidas con el posible propósito de generar temor. Tal afirmación coincide con la denuncia de Vidalina Morales, la líder de Santa Marta y del movimiento contra la minería que en diciembre pasado denunció en conferencia de prensa “acciones de intimidación” contra la comunidad.
“A veces, durante la noche, se escucha que por aquí andan y los perros no paran de ladrar”, dice un poblador. “En cualquier momento pueden poner otro cerco militar o capturan a más compañeros”, advierte otro.
Nuevos casos penales
“Tenemos información de que la Fiscalía está armando otros casos contra miembros de la comunidad, además del que ya lleva contra los compañeros ambientalistas”, dice otro poblador. Afirma que supuestos fiscales han llegado a entrevistar a personas con el objetivo de plantear nuevas acusaciones contra otros líderes. “Se dice que podrían capturar hasta a unas cuarenta personas, incluida Vidalina (Morales)”, advierte otro poblador.
Tres pobladores mencionan que la Fiscalía estaría construyendo un caso relacionado con el asesinato de unos pandilleros hace varios años. “Como no pueden armar más casos de la guerra, ahora se han inventado que había un grupo de exterminio contra las maras”, comenta uno de ellos.
Según este poblador, montando este caso la Fiscalía podría detener a más líderes de la comunidad, incluidos algunos jóvenes a los que no puede acusar de crímenes de guerra porque no participaron en el conflicto armado. Incluso, creen que también podrían ser recapturados algunos de los ambientalistas que están procesados en este momento.
Prevén una condena contra los ambientalistas antimineros
La mayoría de los pobladores de Santa Marta entrevistados por este medio tienen una perspectiva pesimista sobre la nueva vista pública que se realizará del 3 al 6 de febrero próximo. Temen una condena.
“En primer lugar, porque no confiamos en el sistema judicial, la mayoría de jueces están controlados por el gobierno y no resuelven apegados a la ley”, responde uno de los pobladores, al consultarle las razones. “Y, en segundo lugar, porque si (Nayib) Bukele va con la minería no va permitir que los ambientalistas queden libres”, sostiene.
Un poblador cree que si “milagrosamente” los activistas ambientales fueran absueltos, es muy probable que “ahí mismo (en la vista pública) los vuelvan a detener por otro delito”. “A ellos no los van a dejar ir y ya en la cárcel hasta los pueden matar”, advierte otro poblador.
Los ambientalistas de Santa Marta y ADES fueron sobreseídos definitivamente el 18 de octubre del año pasado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque; sin embargo, un mes después la Cámara Penal de Cojutepeque anuló la resolución y ordenó repetir el juicio en otro tribunal, tal como solicitó la Fiscalía en un recurso de apelación.
Organizaciones sociales nacionales e internacionales han señalado que la repetición de la vista pública constituye un “doble juzgamiento” y que representa “un precedente nefasto” para la aplicación de justicia en El Salvador.
Una de estas organizaciones es Front Line Defender, la cual ha expresado su condena al “uso indebido del derecho penal para llevar a cabo constantes acciones de criminalización contra los defensores ambientales Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega, en particular la apertura del juicio que ya los había absuelto”.
“Front Line Defender considera que esta decisión se da en represalia a su labor de defensa de derechos humanos y del medioambiente”, dice el comunicado publicado el pasado 15 de enero. La organización llama a las autoridades judiciales de El Salvador a “respetar los estándares internacionales del debido proceso y protección para las personas defensoras de derechos humanos”.
Con base a estos estándares, la referida organización pidió a la Fiscalía y al sistema judicial cerrar el proceso penal contra los ambientalistas de Cabañas.
No obstante, los pobladores de Santa Marta que hablaron con Diario Co Latino no creen que el Estado salvadoreño acate este llamado. Para la mayoría de ellos, la repetición del juicio significa que el gobierno los quiere condenar de cualquier manera y a toda costa. “Si ya habían sido liberados, ¿para qué los vuelven a enjuiciar?; es para condenarlos”, pregunta y responde uno de los pobladores.
“Bukele se equivoca”
Para varios de los pobladores entrevistados, el gobierno de Bukele se equivoca persiguiendo a Santa Marta y a sus líderes porque “la lucha contra minería ya no depende de la comunidad”. “La oposición a la minería metálica ya no es sólo de Santa Marta y ADES, es de todo el país”, plantea uno de ellos.
“Si ahí está la Iglesia Católica, la Universidad, las organizaciones y la mayoría de la gente, ¿qué ganan persiguiéndonos a nosotros?”, pregunta un poblador. “Si los compañeros (ambientalistas) quedan libres, la lucha seguirá; y si son condenados la lucha seguirá igual o, incluso, más fuerte porque la gente se indignará más por que los condenen sólo por defender el medioambiente”, advierte.
Personalidades firman carta de apoyo
Decenas de personalidades de la academia, iglesias, la sociedad civil y medios de comunicación suscribieron ayer una carta de apoyo a Santa Marta y a sus líderes criminalizados, en el marco de una gira organizada por el Canal TVX.
“Expresamos nuestro total respaldo a esta comunidad histórica y nos sumamos a la demanda de cese a la persecución judicial contra sus líderes ambientalistas criminalizados por oponerse a la reactivación de la minería metálica”, dice la misiva.
Los firmantes rechazan “cualquier acto de acoso, hostigamiento, intimidación y persecución” contra los pobladores de Santa Marta, “especialmente contra sus líderes que trabajan por el agua, los ecosistemas, la salud, la agricultura y la continuidad de la vida gravemente amenazadas por la explotación minera”.
La carta señala que “la repetición de la vista pública violenta flagrantemente el principio básico del debido proceso penal referido a que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”. “El doble juzgamiento de los activistas ambientales pone en entredicho la eficacia, integridad e independencia del sistema judicial ante el país y el mundo”, advierte la misiva.
Los firmantes también expresan su rechazo a la reactivación de la minería metálica y se suman a la voz de quienes piden la derogación de la nueva ley que abre camino a los proyectos mineros.
Entre las personalidades firmantes de la carta están el sacerdote Juan Vicente Chopín, la ex magistrada Mirna Perla, el analista Marvin Aguilar, el catedrático Vicente Cuchillas, el economista José Luis Magaña, entre otros.
