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Gloria Silvia Orellana
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“La comunidad Santa Marta denunciamos que el Estado salvadoreño no sólo se niega a revertir la arbitraria detención y el injusto proceso judicial contra nuestros líderes ambientalistas encarcelados desde el pasado 11 de enero, sino que también podría cometer nuevos abusos contra nuestra comunidad”, dijo Alfredo Leiva.
Asimismo, señaló que las últimas semanas en la comunidad se ha observado la presencia de “vehículos y personas desconocidas”, y que en este marco ocurrió la detención arbitraria de Manuel Gámez Morales, hijo de Vidalina Morales, lideresa de la comunidad y defensora ambiental frente a la minería metálica en el país.
“Gracias a la denuncia ciudadana, esa captura ilegal fue revertida, pero ahora se cierne sobre nuestra comunidad la amenaza de un posible cerco militar, innecesario e inaceptable . Luego de una publicación irresponsable en redes sociales, que pedía la intervención militar por la supuesta presencia de pandillas en la zona”, acotó.
“Grupos militares se han apostado cerca de Santa Marta, generando zozobra en la comunidad que ya sufre la ausencia de sus líderes capturados y el acoso de extraños que podrían estar preparando nuevas capturas”, acotó Leiva.
La comunidad Santa Marta reiteró que paralelamente el Estado salvadoreño, a través de la Dirección de Centros Penales, ha cometido otras arbitrariedades con los cinco ambientalistas detenidos como el caso del jurídico de ADES, Saúl Rivas Ortega, quien la semana pasada fue enviado al centro penal de Izalco, Sonsonate.
“El penal de Izalco es uno de los más peligrosos del país, donde ha fallecido la mayoría de los reos muertos durante el régimen de excepción; por tanto, tememos que su integridad y su vida esté en peligro”,
El compañero Rivas Ortega padece de diabetes y otras enfermedades. De hecho, estaba internado en el centro hospitalario penitenciario de Quezaltepeque , y de ahí fue trasladado inexplicablemente a Izalco, agregó Leiva.
“Exigimos a las autoridades penitenciarias que lo saquen inmediatamente de ahí o serán responsables de lo que pueda sucederle”, añadió.
Sobre la respuesta que les dio el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sonsonate, que no permitió al abogado Dennis Muñoz, representante legal de los cinco ambientalistas, otorgarle una visita, pero si permitió a Medicina Legal, para que haga un peritaje de la salud de ellos, Leiva consideró preocupante que la resolución ni mencione la petición de su abogado de tener acceso de sus representados para preparar su defensa.
“Esto es preocupante porque se está en la fase de instrucción que vence en agosto, el abogado que tiene que preparar la defensa ante la probable audiencia, cuando culmine el período de instrucción no podría preparar su defensa de manera adecuada. Y esto es preocupante para un debido proceso”, sostuvo Leiva.
La lideresa Vidalina Morales reconoció la expresión de solidaridad a favor de su hijo, quien luego de la captura la semana pasada, fue liberado por las autoridades policiales, que afectó también a la comunidad Santa Marta.
Morales hizo un llamado a la Comunidad Internacional y al sistema de Naciones Unidas (ONU) a estar pendientes sobre la situación de derechos humanos en el país y el comportamiento del gobierno.
“Agradezco, de forma particular a todas las personas y organizaciones que realizaron el acto de solidaridad desde el momento de la captura arbitraria de mi hijo Manuel, sentí el apoyo y el acompañamiento de denuncia por 24 horas que posibilitó que mi hijo fuera liberado. Pero hay temor que cualquiera de nuestros compañeros o compañeras de la comunidad pueda ser víctima de una captura o de nuestra asociación”, indicó.
“Hay temor entre la población de jóvenes de la comunidad . Y de nuevo, en nuestra sociedad parece que los jóvenes son de nuevo los más vulnerables en cuanto a las capturas, la criminalización, los señalamientos y también a nuestros mayores. Los que son mayores de 60 años, reviven el pasado en los años de la guerra -porque anda el rumor- que van a capturar a todos los que fueron guerrilleros”, indicó Morales.
Ese pasado histórico de la Comunidad Santa Marta, les ha permitido una organización basada en el respeto y defensa de derechos humanos, así como, preservar la Memoria Histórica, y tratan de transmitirla a las juventudes, con el fin de aprender de los errores del pasado y no volver a repetirlo a futuro, dijo la lideresa y ambientalista.
“Nosotros y nosotras hacemos ese llamado a la Comunidad Internacional y nacional a estar alerta a lo que acontezca en esta comunidad Santa Marta, como evitar esas capturas de personas inocentes como nuestros cinco compañeros ambientalistas, que hemos denunciado en tantas ocasiones y por esto exigimos su libertad”, consideró.
“Esta situación es alarmante porque se siguen dando capturas en nuestra comunidad, hemos considerado que se vienen situaciones peores para Santa Marta. Y con esta experiencia vivida con los compañeros, nos hace trabajar más unidos y poner más en alerta a los organismos de información y de derechos humanos porque estos hechos no pueden seguirse repitiendo. Nuestra comunidad Santa Marta lo ha dicho en muchas ocasiones, no sólo hemos trabajado en la defensa del medio ambiente, sino también hemos contribuido al país, brindándole profesionales productivos a la sociedad, desde el proyecto de becas y ahora se nos castiga con represión ”, finalizó Morales.
