Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
La detención de 6 residentes de Santa Marta, en Cabañas, bajo el supuesto de haber participado en el marco del conflicto armado pasado, del secuestro y asesinato de una vecina, es lo pertinente.
Sin embargo y al revisar las circunstancias que lo rodean, apuntan a razones menos obvias y sí más conspicuas.
La acusación la basa la FGR en lo afirmado por un supuesto testigo, criteriado, cuya credibilidad está puesta en duda, no solo porque sustenta sus afirmaciones sólo en referencias, sino además porque nada de lo que ha afirmado ha podido ser comprobado.
Sumemos a esto el que el proceso adelantado por la FGR ha sido vendido públicamente como una medida dirigida a acabar con la impunidad derivada de los múltiples crímenes de la guerra.
Sustentado en esto, la FGR procesa con verdadera saña a estos dirigentes, en vez de diseñar una ruta que establezca una verdad judicial incontestable, que identifique primero a la supuesta víctima, dirima los hechos tal cual sucedieron, establezca un motivo o motivos, determine al ejecutor o ejecutores materiales del hecho, así como al intelectual del mismo, y lo más importante, localice los restos de la supuesta víctima.
Nada de lo enlistado se ha logrado.
Entonces, la FGR no solo no demostró ningún asesinato, tampoco logra que la persona que acuso a los 6 dirigentes, ofrezca evidencia objetiva, por lo que la FGR tampoco pudo sustentar su caso, no pudiendo establecer responsabilidades atribuibles a estas personas.
En estas circunstancias se impone que a estas personas a las que se acusó, mancillo sin evidencia el nombre, se los detuvo, para finalmente y por orden judicial depositar en sus hogares por razones humanitarias, se les otorgue el perdón judicial al que tienen derecho, limpiándoles el nombre, como indemnizándolos por este atropello para resarcir en alguna medida este injusto proceder para con ellos.
Por otro lado, también es necesario en este punto establecer las motivaciones de la FGR, que claramente responde utilizando este caso como a cada uno de estas personas, para atemorizar a la población vecinal y someterla a las mineras, quienes son los titiriteros detrás de la FGR, que además así se niega a perseguir a los verdaderos criminales de la guerra, que ya señala el Informe de la Comisión de la Verdad, y que, transcurridos todos estos años (32) sencillamente tienen asegurada su impunidad.
Porque la jurisprudencia que solo busca una condena por razones políticas, responde a intereses particulares, y se gestiona como una extensión, como un recurso para favorecer intereses de clase, que no promueve la justicia, derivando así en la obsolescencia jurídica, por lo que depurarla se impone a favor de la justicia y la institucionalidad.
Porque sencillamente solo puede haber institucionalidad en la medida que esta se rija por reglas que se correspondan a todos, sin menoscabo de ninguna clase y favoreciendo la verdad.
Y la verdad no fue favorecido por el vergonzoso e interesado desempeño de la FGR en el caso de Santa Marta.