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Samuel Amaya
@SamueAmaya98
Líderes y pobladores de la comunidad Santa Marta en Victoria, Cabañas, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que reitere la acusación penal en contra de sus 5 líderes comunitarios detenidos, ya que no cuentan con pruebas de los señalamientos.
A través de una carta firmada por diversas organizaciones sociales, se pidió retirar la acusación penal contra los líderes ambientalistas de la Comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de Cabañas: Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez, además de Fidel Recinos (Raúl Hércules), acusados por el supuesto cometimiento de un delito en 1989, durante la guerra civil.
Los líderes ambientalistas fueron detenidos el 11 de enero de este año y este viernes cumplieron siete meses en prisión, “en condiciones carcelarias inhumanas y bajo las restricciones del régimen de excepción, aun cuando el caso no tiene ninguna relación con pandillas”, explicaron las organizaciones en su escrito.
“El caso ha causado gran conmoción nacional y es también un escándalo internacional, especialmente por la labor que los detenidos realizan en defensa del agua, el medioambiente y la vida, en medio de claras señales de posible reactivación de la minería metálica en el país, y por su lucha contra la minería transfronteriza”, planteó la comunidad y las organizaciones quienes acompañan en esta lucha.
Haciendo un recuento sobre el caso: el 20 de enero, 250 organizaciones de treinta países pidieron su libertad, el 16 de mayo, la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU hizo el mismo llamado al Estado salvadoreño y el 18 de julio, 17 congresistas de los Estados Unidos también abogaron por la libertad de los ambientalistas. El caso también ya está en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha recibido una petición de medidas cautelares.
La comunidad también se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en diversos espacios del movimiento social salvadoreño ante las instancias del Sistema Judicial involucradas en el proceso y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Este viernes fueron directamente al fiscal a solicitarle que retire la acusación penal contra estos defensores ambientales.
Entre los argumentos que sostiene la comunidad es que la acusación fiscal no presenta pruebas contundentes que vinculen a los líderes comunitarios con los delitos que se les imputan. “Como han señalado expertos y publicado diversos medios de comunicación, la principal fuente probatoria es el testimonio contradictorio de un testigo criteriado”.
También, plantearon que el requerimiento penal “violenta la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, normativa que fue parte de los Acuerdos de Paz y que recobró vigencia tras la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía emitida por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016. Esta normativa, que no es una ley de impunidad, sino una amnistía que cumple plenamente los estándares internacionales de derechos humanos, exonera a ex miembros de la guerrilla de delitos como los imputados a los activistas ambientales”.
La comunidad Santa Marta dijo apoyar que se investiguen los delitos cometidos durante el conflicto armado y respalda las demandas de las víctimas; sin embargo, consideró que la acción de la Fiscalía y los tribunales en este caso “no está orientada hacia la búsqueda de la verdad y la justicia, sino que representa una criminalización de defensores de derechos humanos y una instrumentalización de las instancias judiciales para perseguir a activistas ambientales que representan un obstáculo para quienes quieren reactivar la minería metálica, a pesar de estar prohibida por una ley aprobada por unanimidad en marzo de 2017”.
En ese planteamiento, la comunidad Santa Marta recordó el asesinato de los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, cometidos en junio y diciembre de 2009, los cuales quedaron en la impunidad, sobre todo, porque nunca fueron investigadas las autorías intelectuales “probablemente vinculadas a intereses extractivistas”.
Sobre el estado de salud de los ambientalistas, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, sostuvo que “los compañeros no se han logrado ver desde enero (la familia) y marzo (el abogado). Sería difícil poder determinar exactamente el estado de salud. Sin embargo, por las enfermedades y la edad que ellos tienen, consideramos que su estado es crítico”.
Recientemente, la comunidad Santa Marta y ADES exigieron al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque que cumpla con la orden de la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque, emitida el 30 de junio, para llevar a cabo la audiencia especial de revisión de medidas, producto de un recurso de apelación presentado; sin embargo, no se ha señalado la fecha bajo el pretexto que debe tener los informes de salud de los líderes comunitarios privados de libertad.
