Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
La decisión del juzgado de demorar el proceso judicial ante la ausencia de los cinco ambientalistas, y reprogramarlo para los días 9, 10 y 11 de abril próximo, confirma otra “irregularidad jurídica”, de una serie registrada a lo largo del desarrollo del caso por parte del sistema judicial
Caso Ambientalistas de Cabañas
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Rechazamos la maniobra dilatoria del Juzgado de Sentencia de San Vicente”, manifestó la comunidad Santa Marta y ADES, en referencia a la suspensión de la “Vista Pública” el pasado 3 febrero, y a la que los ambientalistas no acudieron porque no confían en el sistema judicial salvadoreño. La vista pública en mención es un “doble juzgamiento” en contra los ambientalistas, y una muestra de la falta de independencia judicial en el país, prosiguió la Comunidad Santa Marta, en un comunicado.
La decisión del juzgado de demorar el proceso judicial ante la ausencia de los cinco ambientalistas, y reprogramarlo para los días 9, 10 y 11 de abril próximo, confirma otra “irregularidad jurídica”, de una serie registrada a lo largo del desarrollo del caso por parte del sistema judicial, señalan.
Los ambientalistas fueron capturados el 11 de enero de 2023, y se mantuvieron un año en prisión antes de la Vista Pública, el 18 de octubre de 2024, donde fueron sobreseídos definitivamente por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.
La ilegal segunda vista pública fue ordenada por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, tras la apelación presentada por la Fiscalía General de la República.
A la Fiscalía no le gusto el fallo de sobreseimiento a favor de Saúl Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez, y así lo hizo ver en el escrito presentado ante la Cámara, y esta accedió a la Fiscalía ordenando un nuevo juicio, es decir, un doble juzgamiento.
“Denunciamos esta decisión del Juzgado de Sentencia de San Vicente, como una acción dilatoria, cuyo objetivo es alargar aún más el injusto proceso penal contra nuestros líderes comunitarios”, afirmó la Comunidad Santa Marta-ADES.
“Reformas recientes al Código Procesal Penal permiten realizar audiencias de vista pública sin la presencia de los acusados; por tanto, no es válido argumentar su ausencia como motivo de suspensión del nuevo juicio”, acotaron.
Comunidad Santa Marta siempre tuvo la razón
En diversas ocasiones líderes comunitarios y directivos de ADES, como Vidalina Morales y Alfredo Leiva, han reiterado que la captura de sus cinco compañeros estaba relacionado a sus denuncias de un nuevo intento para la explotación minera en el país.
hídrico.
La comunidad Santa Marta manifestó que “respetan la decisión personal de los ambientalistas, al no presentarse a la nueva vista pública, como un acto de resistencia frente a la arbitrariedad y falta de garantías”. Los ambientalistas no dudan en señalar que el actual sistema judicial está cooptado por el gobierno de turno y que actúa al “servicio de intereses extractivistas”. Esta es la razón oculta de esta persecución contra los ambientalistas de Cabañas.
“Ellos ya fueron sobreseídos definitivamente por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, repetir el juicio busca negarles la libertad a toda costa”, indica la comunidad Santa Marta y ADES.
“Valoramos su entereza ética de no prestarse a validar el doble juzgamiento con el que se busca condenarlos, encarcelarlos y probablemente asesinarlos al interior de los centros penales. Su certeza y valentía son ejemplo de lucha por la justicia social y de amor por la vida gravemente amenazada por la explotación minera”, reafirma la Comunidad.
En cuanto a la lucha social, instaron a la población a “incrementar acciones en contra de la minería” porque argumentan que en el territorio está en “juego la vida de los habitantes y la existencia del país”. Así también, llaman a cerrar filas por la “sobrevivencia nacional y por la salvación de toda la sociedad salvadoreña”, y que es imperativo lograr la derogación de la actual Ley General de Minería, aprobada por el partido Nuevas Ideas el pasado 23 de diciembre, y ratificada por el presidente Nayib Bukele.
“Denunciamos nuevamente lo ilegal de este doble juzgamiento que transgrede el principio del debido proceso penal, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la causa”, reitera.
“Y señalamos las preocupantes señales de falta de independencia del tribunal que, por presión de la representación fiscal, intentó impedir la presencia de observadores internacionales. Finalmente, pedimos al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional que nos sigan acompañando”, manifestó.
La Comunidad Santa Marta y ADES llamaron a todas las organizaciones, redes, foros, mesas y demás espacios del movimiento social, a acompañarlos en una “campaña permanente” hasta lograr el cierre de esta persecución contra el «activismo ambiental” y así desarticular las intenciones de empresas que intentan reactivar la minería de metales en su comunidad y que afectará a todo el país porque es una actividad altamente contaminante.
